Lanzaron una plataforma para monitorear los bienes recuperados del crimen organizado

Diputados impulsan el proyecto de ley Bien Restituido, que busca decomisar y administrar activos del crimen organizado. Se estima que en Argentina hay más de $700.000 millones para distribuir.

Diputados y senadores de 9 bloque expresaron su apoyo a la ley de Bien Restituido.

Un grupo de diputados que impulsan la ley de Bien Restituido, con respaldo de entidades de la sociedad civil, pusieron a disposición del Estado nacional una plataforma que busca monitorear los bienes recuperados del crimen organizado y otros delitos.

La presentación se realizó el jueves 31 de octubre en el Salón Blanco del Congreso de la Nación, con participación de diputados, senadores, diplomáticos e integrantes del Poder Judicial y la sociedad civil promocionan el proyecto de ley para decomisar y administrar estos activos.

Según explicaron, la plataforma está destinada a facilitar la gestión de información sobre los bienes decomisados y cautelados del crimen organizado en Argentina. Se estima que hoy la Justicia local tiene bajo su amparo activos valuados en más de $700.000 millones.

Ramiro Gutiérrez, diputado de Unión por la Patria, coautor del proyecto de ley Bien Restituido, dijo que hoy las organizaciones criminales "cosechan bienes ilícitos y el Estado los junta, pero se deprecian y no tiene uso social".

"Esta es una ley -que apoyan nueve bloques- y que ya ha comenzado a generar acciones como la de hoy, que presenta un registro de transparencia, que nos permitirá conocer qué bienes hay. El proyecto Bien Restituido es un proyecto paradigmático”, agregó Gutiérrez.

Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, aseguró que "si no se ataca la economía del delito, y los delincuentes y las organizaciones pueden seguir disfrutando de los bienes que ilegalmente se apropian, nunca va a haber justicia efectiva". En esa línea, la legisladora sostuvo: "Hay que perseguir la economía del delito que está justamente en esos bienes, que hoy siguen disfrutando las organizaciones criminales o terminan siendo parte de un Estado que por su propia ineficacia no los pone en el lugar en donde deben estar”.

Bartolomé Abdala, senador de la Libertad Avanza, consideró que "la sociedad en su conjunto está demandando que se siga avanzando en este tipo de políticas. No tengo dudas de que recuperar estos bienes va a ser positivo para la sociedad y además es un mensaje para las organizaciones delictivas, en este caso la sanción desde lo económico”.

Mónica Litza, diputada de UP, afirmó que esta ley no es de un Gobierno, es una ley que necesita la Argentina. "No saben lo importante que es cada una de las firmas que tiene esta ley. No es fácil y no es frecuente en tiempos de grietas y de diferencias, pero las políticas de Estado tienen que trascender los gobiernos”, indicó.

Esteban Paulón, otro diputado de Encuentro Federal, celebró la pluralidad política en este tema, que no es tan habitual en estos tiempos. "Habla claramente de lo importante y estratégico que es este proyecto", dijo, y continuó: "Represento a la provincia de Santa Fe, que ya tiene algunas experiencia en bienes decomisados y la experiencia ha sido muy positiva, llevamos seis o siete años llevando adelante esta política pública que incluso ha tenido continuidad con los cambios de gestión de gobierno", recalcó.

Además, Paulón dijo que "la idea de poder aprovechar para el uso público y colectivo estos bienes que fueron producto de usos delictivos tiene una perspectiva de justicia y reparación para una sociedad que ve que finalmente lo que fue fruto del delito pueda tener un aporte positivo en la sociedad. Nuestro bloque está comprometido en apoyar esta legislación, esperamos que por ser un tema de tal relevancia podamos discutirlo”.

Lucas Manjon, coordinador del proyecto Bien Restituido, recordó que en la iniciativa trabajaron más de 60 organizaciones y hoy cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques. "Hoy estamos presentando esta plataforma de código abierto que siempre fue un desafío y una cuestión necesaria para registrar y transparentar los bienes decomisados que tiene el Estado en su poder, que se estima equivalen al 0,4% del PBI y que actualmente dependen del azar", expresó en el Congreso.

Además, Manjon añadió que Argentina es -después de Italia- el primer país que está intentando sacar una ley para administrar los bienes decomisados al crimen organizado y que ha logrado llevarla al Parlamento. "Les pedimos a quienes estamos hoy acá que sigamos haciendo el intento de impulsar esta ley. El estado está recuperando bienes pero si no se pueden usar, no tiene sentido. Es una ley que trabajó el poder judicial, la sociedad civil, y también diputados y diputadas. Es una ley necesaria", enfatizó.

¿De qué se trata la plataforma de monitoreo de bienes decomisados?

La plataforma cuenta con una sección de administración, en donde cada institución u organismo podrá cargar información sobre los distintos bienes, incluyendo su localización, la causa judicial en la que fue cautelado o decomisado (juzgado y fiscalía responsable), características del bien (incluye la posibilidad de cargar fotos y datos específicos según el tipo de bien), y su destino (subasta o reutilización), entre otros datos.

La parte pública de la plataforma pondrá a disposición información para que la ciudadanía pueda acceder a los datos, participar en la política pública de administración y reutilización de los bienes y llevar adelante un adecuado control de la gestión de los bienes.

Se trata de un producto innovador que podrá ser adaptado a las realidades de cada una de las instituciones a nivel nacional y provincial que lo quieran implementar.

¿Qué es Bien Restituido?

Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil es un proyecto financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementado por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina, que busca que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones, entre otros, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales.

Actualmente, en Argentina los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por el Poder Judicial, pero el sistema está funcionando de manera deficiente, lo que perjudica a la sociedad en su conjunto. Se estima que los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en más de 700.000 millones de pesos. En su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico.

Además, no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales. Por último, la información sobre estos bienes es incompleta y se encuentra en manos de distintos organismos, por lo que resulta difícil conocer cuántos están en poder del Estado y su valor, lo que a su vez obstaculiza su reutilización.

El proyecto de ley de Bien Restituido en Argentina

Con un apoyo mayoritario de diversos bloques parlamentarios, en el mes de mayo se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados.

De aprobarse esa propuesta, brindaría una posibilidad real de administrar, preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados para fines sociales. En un contexto en donde la violencia asociada al narcotráfico crece de modo alarmante, se impone la necesidad de realizar cambios en la actuación del sistema judicial argentino frente a estos casos.

En la elaboración de la propuesta de ley trabajaron, además de las referidas organizaciones, jueces/zas y fiscales/as, y acompañaron su presentación más de 50 organizaciones sociales.

Si s aprueba, Argentina se convertiría en el segundo caso del mundo y en el primero de América Latina.

¿Qué propone el proyecto de ley?

• Aprovechar los recursos materiales recuperados al crimen organizado.
• Transparentar la cantidad y la gestión de los activos recuperados al crimen organizado.
• Desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los recursos recuperados.
• Garantizar el cuidado de los bienes para preservar su valor, tanto para el Estado como para las personas involucradas en los procesos judiciales.
• Poner a cargo de una agencia autosustentada y especializada la gestión y administración de estos activos.

Según plantearon los impulsores de la ley, con estas propuestas, el proyecto abre la discusión sobre "la necesidad de establecer un nuevo sistema de administración y disposición racional, efectivo y transparente".

Pero además, "permite pensar un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella".