Los testimonios que revelan la vulnerabilidad de la mujer víctima del Clan Castedo

CLAN CASTEDO - Agencia TELAM

La fiscalía que interviene en el juicio a los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo "Hula" Castedo por el crimen de la productora rural Liliana Ledesma, asesinada en 2006 en la frontera de Salta con Bolivia, considera que los testimonios de familiares, vecinos, gendarmes y periodistas expuestos en el debate pusieron en evidencia la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, ante las amenazas que recibía por parte del clan liderado por los acusados.

El juicio, que comenzó el 19 de septiembre pasado, entró esta semana en su etapa final y se reanudará el martes próximo a las 17, cuando se resolverán planteos de las partes y se leerán las pruebas admitidas.

Según las fuentes judiciales, se estima que ese mismo día se definirá cuándo se llevarán a cabo los alegatos ante la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por los jueces Edgardo Laurenci, Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi.

Por su parte, los hermanos Castedo, que se declararon inocentes en el debate, siguen las audiencias vía remota desde el penal federal de Ezeiza, en el que permanecen detenidos a disposición tanto de la justicia federal como provincial.

Ambos están acusados de los delitos "homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento", por lo que, en caso de ser hallados culpables, recibirían la pena de prisión perpetua.

"A lo largo del debate, a través de los testimonios recibidos de familiares, vecinos, personal de Gendarmería Nacional y periodistas, se pudo evidenciar la vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima en su condición de mujer, quien manifestaba encontrarse en constante peligro junto a su familia por las amenazas recibidas", señaló una fuente del Ministerio Público de Salta (MPS).

De acuerdo al MPS, en la última jornada del juicio, desarrollada el jueves pasado a la tarde, se intentaron difundir los audios de algunas de las escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación, pero no se logró reproducir porque las grabaciones no se correspondían con lo que había sido incorporado al expediente.

Luego, se introdujeron las pruebas documentales e informativas, y las partes solicitaron la oralización de otras pruebas, a lo que la defensa se opuso.

Además de la fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas (GAP), Claudia Carreras, en el juicio interviene la querella a cargo de David Leiva y Grisel Kolb, y por la defensa actúan Horacio Morales y Mariano Álvarez.

Mientras que en la audiencia del miércoles pasado, los hermanos Castedo negaron la acusación en su contra y se proclamaron inocentes, aunque durante la declaración de ambos surgieron contradicciones entre sus dichos actuales y los que habían vertido durante la investigación.

Así lo indicaron desde el MPF, cuyos voceros detallaron que esto surgió principalmente en relación a la situación dominial de los campos donde se suscitaban los conflictos por los pasos vecinales y los desmontes, y ante el reconocimiento que hizo Delfín Castedo en su exposición de un número de teléfono que le pertenecía y de tres comunicaciones que mantuvo el día del crimen de la productora.

Los llamados, que quedaron registrados en forma previa y posterior al hecho, fueron comunicaciones con un empleado del hospital local, encargado del traslado de la fallecida, desde donde fue encontrada hasta el centro asistencial.

En un principio, el juicio, que sufrió siete suspensiones por maniobras de la defensa, se iba a desarrollar en tres jornadas, con la comparecencia de 18 testigos, pero ya se concretaron siete audiencias y fue convocada la octava.

El crimen de Ledesma fue cometido el 21 de septiembre de 2006, en una pasarela peatonal de la localidad de Salvador Mazza, ubicada en la frontera entre Salta y Bolivia.

Allí, la mujer recibió siete puñaladas, dos de ellas mortales -en el estómago y en el corazón- y un tajo que comenzó en el labio superior y terminó abriendo el inferior dejando al descubierto dientes y encías.

Días antes de ser asesinada, la víctima había denunciado públicamente a los Castedo y al entonces diputado provincial Ernesto Aparicio -hermano de la condenada María Gabriela y fallecido en 2013- por cerrar un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia, para utilizarlo para traficar drogas.

En 2010, la exCámara en lo Criminal de San Ramón de la Nueva Orán había condenado a prisión perpetua por el mismo hecho a María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno -actualmente prófugo- y Casimiro Torres.

En tanto, Patricia Guerra fue condenada a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno recibió la pena de cuatro años de prisión efectiva.

En tanto, Delfín Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta que, además, impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel a otros seis imputados.

Este proceso, que se extendió durante más de un año, se realizó íntegramente con ambos imputados de manera remota, desde Ezeiza.

A su vez, el juicio por el crimen de Ledesma sufrió siete suspensiones debido a las maniobras de la defensa, que interpuso una queja mediante la cual los Castedo solicitaban estar presentes físicamente en las audiencias, que se realizan en Orán, unos 270 kilómetros al norte de la capital salteña.

El traslado de los Castedo desde Ezeiza a Orán fue desaconsejado por razones de seguridad.

El 8 de agosto pasado, que era el día en que tenía que comenzar el juicio, la Sala II de la Corte de Justicia de Salta no hizo lugar a esta queja y de ese modo quedó firme la decisión del Tribunal de Juicio de Orán -confirmada por el Tribunal de Impugnación-.

De esa forma, la audiencia de debate se realizó finalmente desde el 19 de septiembre, con la comparecencia en forma remota de los hermanos Castedo.

De acuerdo con las pesquisas, el clan Castedo era dueño de 28 mil hectáreas en dicha localidad salteña y campos de similares proporciones del lado boliviano, y se cree que contaban con la protección del exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, condenado en marzo de 2019 a 13 años de prisión.

Por otro lado, Roberto César Castedo, hermano de Delfín y Raúl, fue detenido en enero de 2018 como acusado de transportar casi 100 kilos de cocaína en Orán.