El gobierno piensa transferir a la Ciudad de Buenos Aires la facultad de juzgar más delitos penales -hasta ahora sólo tiene algunos, como de portación de armas-, pero los legisladores no votaron aún un código procesal penal que les permita juzgar y -si cabeejecutar las penas correspondientes. Así, tal como anticipó este diario, al menos dos casos de personas con antecedentes penales y encontradas llevando ilegalmente armas no pueden ser juzgadas como lo haría el fuero nacional. En un caso, se liberó al infractor; y en otro, la propia cámara de jueces porteños encomendó a la Legislatura la urgencia de sancionar una ley de procedimientos.
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Para los diputados eso parece poco, ya que quieren ahora armar un código procesal de emergencia, pero que se les permita juzgar los nuevos delitos recién en diciembre, para tomarse tiempo en pensar la ley.
«Si ya hay un código consensuado con el oficialismo», bramó el lunes en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales el opositor Jorge Enriquez.
De la misma bancada explicó Helio Rebot «que se trata de aceptar la transferencia, pero su operatividad que comience en tres meses, más que eso no deberíamos tardar en hacer el código».
La discusión está en ese punto, cuando hay una fecha, el próximo 25 para realizar una sesión donde se trata el tema. Por ahora, los legisladores quieren hacer una ley de emergencia que no es más que adherirse al Código Penal nacional, pero harán la salvedad de que en el distrito federal la investigación la llevan los magistrados, mientras en la Capital Federal tiene mayor intervención la fiscalía.
Según les transmitió el Gobierno porteño a los legisladores, para fin de mes está en la agenda celebrar el convenio con la Nación, que luego deben refrendar el Congreso y la Legislatura.
Mediante ese documento, Néstor Kirchner le traspasa a Aníbal Ibarra el fuero correccional -excepto la figura de homicidio culposo y lesiones graves-, pero no los jueces, sino la capacidad para juzgar delitos menores, como: lesiones leves, duelo sin lesiones, omisión de auxilio, calumnias e injurias, privación ilegal de la libertad, violación de domicilio, libertad de reunión, libertad de prensa, usura, usurpación, daño, incendios culposos, entorpecimiento de transportes y servicios públicos, entre otros, como accidentes de tránsito.
Por otra parte, hoy vence el plazo para presentarse como orador en la audiencia pública convocada por el Gobierno porteño para el 22 próximo, en la que se debatirán las postergadas modificaciones al Código de Convivencia. Hasta ayer, había 148 inscriptos, lo que al juzgar de algunos es poca participación y hasta pensaron en pedir la postergación. La comparación la hacen por ejemplo en una reciente audiencia pública, celebrada en la Legislatura el viernes pasado, donde se debatió si declarar o no de protección histórica la casa donde nació Hugo del Carril. Allí participaron 40 representantes, por lo que creen que para una ley tan importante como la contravencional, 148 no es demasiado.
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