27 de octubre 2008 - 00:00
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Miles de personas en San Isidro y una sola consigna: basta de inseguridad.
Advirtió, además, que «la sensación de inseguridad es producto de la realidad», y añadió que es necesario «evitar que los delincuentes anden libres».
«Estamos cansados de sufrir tragedias: que nos roben, violen y maten. Reclamamos lo que nos corresponde como ciudadanos, entre lo que se destaca el respeto a la vida», expresó Carr, en nombre de los familiares de las víctimas.
El reclamo de los vecinos estuvo destinado a la presidente Cristina de Kirchner y a su gabinete, así como al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quienes fueron blanco de masivos silbidos al ser nombrados desde el escenario principal.
Sin embargo, de la concentración no sólo participó Juan Carlos Blumberg, sino que se sumaron entrada la tarde el propio intendente-Posse y el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel Salcedo, aunque no pudieron permanecer en el escenario y fueron recibidos con agresiones e insultos.
En este contexto, la Policía Bonaerense prometió ayer que redoblará su esfuerzo para «frenar la delincuencia».
Salcedo aseguró que la Bonaerense va a «incrementar la tarea para frenar la delincuencia».
Durante la marcha, Salcedo recibió petitorios de los vecinos que sufrieron hechos delictivos -«me solidarizo con ellos», dijo- y se comprometió a «seguir trabajando contra la delincuencia».
«Vamos a dejar la vida en ello», dijo el jefe de la Bonaerense, cuya presencia en San Isidro había sido autorizada por el gobernador Scioli.
«Nosotros nos hemos acostumbrado a esta situación de violencia. Y esto no nos puede pasar. Alguien tiene que hacer algo», dijo Viviam Perrone, presidenta de las Madres del Dolor, presente en la manifestación en reclamo de mayor seguridad.
Para lograrlo, los vecinos pidieron «normas de emergencia de inmediata aplicación»: «la reeducación social efectiva para menores que delinquen, una batalla real contra el tráfico de drogas y armas, la finalización de la morigeración de penas para delincuentes peligrosos y la articulación entre instituciones estatales y ONG en la lucha contra la inseguridad».




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