22 de abril 2005 - 00:00

Peligroso: año electoral agrava riesgo de motines

Los motines en las cárceles se mantendrán hasta semanas antes de las elecciones. Los presos buscarán, de esta forma, presionar a los gobiernos para conseguir conmutaciones de penas e, inclusive, indultos en un año electoral. Anticipan así una estrategia que suelen utilizar todos los diciembres para acelerar su liberación. El estallido carcelario tiene un nuevo fenómeno. Como en Colombia, los penales están dominados por bandas organizadas. Temen motines violentos con muertos y tomas de rehenes. Los especialistas aconsejan declarar la emergencia carcelaria y mudar a los presos a los cuarteles militares.

El riesgo de motines en las cárceles argentinas se irá incrementando hasta semanas antes de las elecciones legislativas de octubre. Analistas vaticinan que en ese período los reclusos intentarán conseguir nuevas conmutaciones de penas e incluso indultos.

«Todo este año electoral puede transformarse en un diciembre en busca de lograr una reducción de penas. Y este tipo de reclamos conllevan episodios de violencia, con motines y hasta toma de rehenes»,
asegura Paola Spatola, especialista en temas de seguridad. A fin de año es cuando aumentan los motines en busca de achicar las penas de presos peligrosos.

Spatola
dirige el Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana, y está terminando un estudio sobre el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Un análisis de ese trabajo, revela que episodios como los de Córdoba, Santa Fe, cuyo penal fue intervenido (ver Ambito Nacional), pueden repetirse en otras partes del país.

La cárceles de la provincia de Buenos Aires y Devoto presentan las condiciones para convertirse en espejos de motines violentos.
También, las comisarías bonaerenses que continúan superpobladas de detenidos.

Los expertos coinciden que el estallido carcelario se venía vislumbrando desde hace una década, pese a lo cual el poder político no instrumentó los mecanismos necesarios para contenerlo. Hoy los centros de detención están superpoblados, con presos viviendo en condiciones de hacinamiento y con bandas muy identificadas liderando los pabellones de reclusos. Se está lejos de Colombia, pero los presos de aquí también se disputan el territorio, el ingreso de la droga, la distribución de la comiday el dinero que se paga para sobornar a sus carceleros o que se cobra como protección de preso y de su familia fuera de la cárcel.

Spatola
considera que el gobierno debe tomar una medida de fondo que es «declarar la emergencia carcelaria» y llegar a un acuerdo con las provincias y el Poder Judicial sobre el manejo de los detenidos. Además, debe implementar un plan de obras. Mientras esto no ocurre ve como mejor solución echar mano a los cuarteles militares que hay en el país para alojar a los convictos.

«Esos lugares tienen la infraestructura adecuada. Cuentan con un sistema de cuadras y sus perímetros se adaptan a la vigilancia. Sería la mejor manera de contener a los presos y no violar, como ocurre ahora, sus derechos humanos».

La saturación de presos presenta otras aristas. Las visitas se convierten en un verdadero caos y los guardiacárceles se resisten a realizar las tareas que deberían ser de rutina, esto es: las requisas y el control de detenidos.

Sólo el penal Devoto está sobrepasado en 1.000 presos. Se afirma que en las cárceles bonaerenses hay 35 mil reclusos cuando la capacidad real es de 19 mil. El 80% de los detenidos no está siquiera procesado. En las comisarías viven más de 5 mil reos. En 2003 eran 8 mil.


Dos cuestiones contribuyen a instalar la violencia en las cárceles. El ingreso de la droga y la ruptura de códigos carcelarios.

«Quince años atrás el preso más viejo y con menos sangre en las manos era el más respetado. Hoy el líder del pabellón es joven, el que tiene más muertes y el que ingresa la droga»,
analiza Spatola.

Este cambio sociológico obligó a que los presos más viejos sean aislados y que los acuerdos de convivencia entre presos y carceleros mutaran a acuerdos de connivencia. Es decir, no hay autoridad dentro de los penales.

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