21 de agosto 2009 - 21:28
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Por su parte, la CGT emitió un comunicado criticando a la compañía multinacional y dijo que tomó una "actitud que avasalla los derechos humanos de los trabajadores y los principios de la tutela sindical".
En tal sentido, reclamó "al Ministerio de Trabajo de la Nación un urgente accionar que garantice la salvaguarda de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores".
La central obrera que lidera Hugo Moyano señaló que esta "insólita medida" adoptada por la empresa "no puede ser interpretada sino como una provocación destinada a alterar la paz social de la Nación".
El comunicado, firmado por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano; el de Derechos Humanos, Julio Piumato; y el de Prensa, Héctor Daer; señala que "como si esto fuera poco, ahora desconoce la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, negando tareas a los trabajadores afectados por el conflicto creado por la empresa".
Por su parte, el grupo empresario Kraft Foods justificó los despidos y aseguró esta tarde que fueron decididos "al amparo de la legislación vigente", ya que se tomaron como consecuencia "de una serie de paros intempestivos y otras medidas de fuerza que impidieron el normal funcionamiento de la empresa, y culminaron en la violenta toma del edificio" el 3 de julio pasado.
Explicó que en esa jornada, "se produjo un paro actividades con abandono de tareas, sumado a una serie de hechos violentos que culminaron en el bloqueo a las instalaciones, privando de su libertad al personal que se encontraba dentro del edificio de Administración de la compañía al impedir su normal desplazamiento y retiro a sus hogares mediante el bloqueo de las salidas por la fuerza por más de tres horas".
"Los individuos que protagonizaron estos graves hechos fueron debidamente identificados, existiendo además abundante documentación probatoria que ha sido aportada a la justicia. Por esa razón, en virtud de la legislación vigente, fueron sancionados con el despido con causa", indicó en un comunicado.
Explicó que "entre las personas que resultaron sancionadas se encuentran algunos delegados del Sindicato Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y de la Comisión Gremial Interna, por lo que la compañía ha realizado las correspondientes presentaciones administrativas y judiciales a fin de obtener su desafuero, como paso previo al despido, tal como lo marca la legislación nacional".
"La mayoría de personas desvinculadas han protagonizado durante los últimos meses diversas violaciones a normas y leyes vigentes, lo que atestigua la evidente concatenación de hechos realizados contra los empleados y las instalaciones de la empresa", afirmó.




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