Salta: juez impidió interrupción del embarazo a una joven violada

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) manifestó su profunda preocupación y malestar por la decisión del juez de Familia Nº 1 de Salta, Víctor Soria, que impidió la realización de un aborto no punible a una adolescente víctima de violación.

Fuentes de ese organismo informaron que "la decisión del juez desconoce, niega y vulnera el derecho de la víctima a decidir sobre su propio cuerpo".

El magistrado ordenó suspender el aborto no punible de esta adolescente de 14 años, violada y golpeada desde los 12 años por su padrastro, y dispuso, mediante medida cautelar, que un equipo multidisciplinario la acompañe hasta el parto para luego dar su hijo en adopción.

La madre de la nena denunció en noviembre pasado el abuso sexual, al sorprender al padrastro en momentos en que violaba a su hija, por lo que las golpeó a ambas, lo que motivó la internación de la adolescente y la posterior confirmación del embarazo.

Tanto la joven como su madre decidieron suspender el embarazo, por lo que el Hospital Materno Infantil de Salta programó la práctica para el 19 de noviembre.

Sin embargo, la Asesora de Menores e Incapaces Nº 2 de la provincia de Salta, Claudia Flores Larsen, presentó un recurso de amparo a favor del niño por nacer lo que provocó la dilatación de la práctica.

El INADI consideró que el juez se arrogó facultades que son inherentes a la víctima, vulnerando su derecho a la dignidad y a la integridad personal (artículo 9 de la Ley 26061) y agregó al ataque sexual que recibió la niña la "violencia institucional" ejercida por el Poder Judicial.

Para el INADI, la determinación de Soria no solo va en contra de la decisión de la menor, sino también de la de su madre y del mismísimo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "F.A.L. s/medida autosatisfactiva", del 13 de marzo del año 2012.

Este fallo interpreta el artículo 86, inciso 2 del Código Penal y hace recomendaciones sobre su aplicación, que excluye la judicialización.

El organismo sostiene que esta decisión judicial también compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino, desconociendo lo establecido por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer.

"También atenta contra lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos de otros organismos internacionales", expresó el INADI.

El INADI también observó con preocupación la actitud de Claudia Flores Larsen, quien fue quien interpuso el amparo que permitió la actuación del juez.

Finalmente, el Instituto ve con cierta inquietud el Protocolo de actuación provincial, que mediante la guía de procedimientos previstas por el decreto provincial N° 1170/2012 contradice lo que indica el fallo de la Corte Suprema de la Nación.

Este protocolo establece en estos casos la presentación de denuncia penal de violación o declaración jurada, realizada con la asistencia del Defensor Oficial o de Menores e Incapaces.

Tanto la senadora provincial de la capital salteña, Gabriela Cerrano, del Partido Obrero, como Mónica Mennini, de la Asociación Nacional de Abogadas por los Derechos de la Mujer, anticiparon acciones en contra de la decisión judicial.