El alumno que llevó una escopeta a la escuela N°40 Mariano Moreno retomará sus actividades. Durante todo un mes fue evaluado por un equipo interdisciplinario y fue internado en un instituto de menores.
La Justicia determinó que GC no es punible, por lo que no se le puede imponer una medida cautelar privativa de la libertad ni juzgar.
A principios de mes, la comunidad de San Cristóbal, una pequeña localidad de Santa Fe, quedó conmocionada por un tiroteo llevado a cabo en la escuela N°40 Mariano Moreno, por parte de un alumno de 15 años. Como resultado, un compañero murió y otros dos fueron heridos. Ahora, y tras pasar por una internación en un instituto de menores, el adolescente retomará sus actividades, luego de también confirmarse que pertenecía a un grupo digital que incentivaba masacres.
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La víctima fatal fue Ian Cabrera (13) y el hecho ocurrió antes del izamiento de la bandera, cuando el acusado, GC., ingresó armado con una escopeta y disparó contra sus compañeros. Por el hecho también se identificó a otro adolescente acusado de encubrimiento.
El menor retomará las clases de manera virtual entre junio y julio, bajo tratamiento psiquiátrico y con restricciones tras ser declarado inimputable. La Justicia determinó que G no es punible, por lo que no se le puede imponer una medida cautelar privativa de la libertad o tampoco se lo podrá juzgar. Aún así, a principio de mes se indicó que seguiría en un instituto de menores.
La letrada Mariana Oroño, integrante del equipo de abogados de la familia del agresor, informó a Ámbito que sus padres “llevan la situación como pueden”, mientras el menor permanecía alojado en un instituto de seguridad, donde fue diagnosticado por un equipo interdisciplinario.
El Gobierno confirmó en estas semanas que G integra una comunidad digital internacional que incentiva masacres escolares. Lo informó la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, junto a autoridades de la Policía Federal y el gobernado Maximiliano Pullaro. La investigación arrojó que se trata de una subcultura integrada por menores centrada en "actos violentos".
A raíz de la investigación se determinó que no se trató de un caso aislado ni de bullying, como inicialmente se creía, sino que se está en presencia de una subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.
El gobierno de Santa Fe avanza con el cobro de los costos operativos generados por falsas amenazas a establecimientos educativos y ya identificó a 73 responsables en distintos puntos de la provincia. La medida se aplicará contra los adultos a cargo en los casos en los que los involucrados sean menores de edad.
Según datos difundidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde el inicio del año se registraron 404 denuncias por amenazas a escuelas. La Fiscalía Regional Nº 2 concentró la mayor cantidad de casos, con 238, seguida por la Regional Nº 1, con 75; la Nº 5, con 35; la Nº 3, con 33; y la Nº 4, con 23.
En paralelo, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en las que se secuestraron 51 elementos, entre ellos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido, cartuchos de escopeta y proyectiles calibre 22.
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