5 de septiembre 2008 - 00:00

Siguen cruces por violencia en el tren

Siguen cruces por violencia en el tren
El Gobierno y partidos de izquierda cruzaron duras acusaciones después de que las autoridades responsabilizaran a activistas de los destrozos a trenes en el Gran Buenos Aires durante la protesta de pasajeros por demoras en el servicio ferroviario.

El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó sus denuncias contra militantes del Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y Proyecto Sur, liderado por el realizador de cine y político Fernando "Pino" Solanas, de los desmanes ocurridos el jueves en dos estaciones de trenes.

Fernández anticipó que presentará sus pruebas a la Justicia, que será "la que va a evaluar quién de los dos tiene razón", si el gobierno o estas agrupaciones, que negaron todas las acusaciones.

Durante los incidentes fueron quemados varios vagones, causando un perjuicio millonario al Estado.

El gobierno sostuvo que el tren donde comenzaron los disturbios fue detenido mediante un "sabotaje" al sistema de frenos de emergencia y acusó a las tres agrupaciones de haber incitado a la violencia.

"Aparecen grupos del Partido Obrero, del MST, de 'Pino' Solanas. También es casualidad que Pino Solanas esté lanzando una película referida al tren. Son todas casualidades. En este caso fue provocado. Yo de casualidades no vivo más", declaró el ministro en referencia al documental "La última estación" que estrenó este jueves Solanas.

Fernández indicó en tanto que cerca de 20 personas fueron arrestadas por los incidentes. El MST querelló al ministro Fernández por presuntas calumnias e injurias a raíz de haber vinculado a la agrupación con los incidentes ocurridos en las localidades de Castelar y Merlo, en los suburbios de la capital argentina.

En tanto, el apoderado del Partido Obrero, Marcelo Ramal, aseguró que ninguno de los detenidos pertenece a su fuerza, mientras que Solanas anticipó que intimará al ministro de Justicia a que aporte pruebas sobre los supuesto militantes de su agrupación Proyecto Sur que habrían participado de los desmanes, o de lo contrario lo denunciará.

Según Solanas, el gobierno está utilizando los hechos ocurridos en el ferrocarril Sarmiento para ocultar el impacto de su nuevo documental, "donde se denuncia la connivencia de la Secretaría de Transporte, en manos de Ricardo Jaime, y otros funcionarios de gobierno, con los concesionarios de los trenes y la mafia sindical, en el desguace del sistema de trenes del país y el maltrato de los pasajeros", señala un comunicado del dirigente político.

El secretario de Transporte apuntó por su parte al conflicto sindical entre delegados gremiales y la empresa de Colectivos Urbanos de la Zona Oeste (Ecotrans), perteneciente a Claudio Cirigliano, el mismo propietario de Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la línea Sarmiento.

Jaime aseveró que gremialistas del PO están "motivados a tratar de echarlo (a Cirigliano) de la concesión de TBA, para luego pasar a ser manejada por el movimiento obrero".

Los incidentes y el malestar de los pasajeros dejaron otra vez sobre el tapete las deficiencias del servicio público de pasajeros pese a que el Estado paga multimillonarios subsidios a las empresas concesionarias de las líneas de ferrocarriles.

Generó además un mayor cuestionamiento al proyecto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para construir un tren bala que conecte las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que ya fue licitado por un costo final financiado de casi 4.000 millones de dólares.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizado en marzo pasado sobre TBA advierte incumplimientos en materia de seguridad y mantenimiento del concesionario.

El presidente de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, denunció que "frente a la contundente información suministrada por la Auditoría General de la Nación, sumado a las habituales denuncias de los usuarios por la calidad del servicio, parece no entenderse por qué el gobierno continúa subsidiando sin ningún tipo de control y verificación rigurosa de su utilización".

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