8 de agosto 2010 - 16:25

Suma respaldos la propuesta Argentina de penalizar al cliente de la explotación de personas

La Argentina recibió otro significativo respaldo internacional sobre la necesidad de avanzar en la penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas. Fue al publicar la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su portal oficial la incorporación de ese tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012.

En ese sentido, en un documento del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se reconoció que "esa aceptación representa un paso decisivo en la lucha contra la trata de personas, que es uno de los más aberrantes delitos que conforman el crimen organizado transnacional".

Voceros oficiales recordaron además que "la Organización de las Naciones Unidas otorgó también un respaldo internacional clave a la propuesta Argentina de avanzar sobre la revisión de las legislaciones para poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas".

Hace dos meses, se conoció un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se elevó a Nivel Dos la calificación Argentina en torno a las mejoras en "los mecanismos gubernamentales vinculados a la lucha contra la trata de personas y asistencia a las víctimas.  

La resolución permitió que Argentina consagre universalmente la necesidad de visualizar negativamente la figura del cliente, y la necesidad de reflexionar acerca de su sanción o penalización.

Por otro lado, la aprobación por parte de la ONU implica que en todos los foros regionales y subregionales comience a abordarse la problemática del cliente, usuario o consumidor de trata, tal como ahora lo estableció la Organización de los Estados Americanos.

El primer paso para instalar internacionalmente la necesidad de visualizar la acción negativa del denominado "cliente de trata se dio en la 2ª Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizada por el ministerio de Justicia de Argentina en marzo de 2009.

Allí, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Es básico admitir que sin la existencia de las personas que pagan para poder acceder a personas que están sometidas a esclavitud sexual o de otras características, sería imposible que esto se cometiera. Con lo cual, el abordaje exige por parte de todos nosotros hacerlo sin eufemismos, sin hipocresías y sabiendo que es fundamentalmente un problema de carácter social".

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