Tras tragedia de Coronda temen una ola de motines

Horacio Rosatti

El levantamiento del penal de Coronda tuvo un feroz impacto en la Casa Rosada. El gobierno no quiere imaginar la proporción que alcanzaría una nueva revuelta. Suponen que si el primer motín cobró la vida de 14 presos, una venganza (como se promete) puede ser terrible. Parte de ese temor lo tienen también los guardiacárceles que piden garantías para retornar a sus trabajos. Ayer, la mitad del personal carcelario no se presentó a trabajar en el presidio.

«Fernando Rosua y José Benaglio, minimizan tanto el motín de Coronda que el único 'responsable' para ellos termina siendo Blumberg», sostuvo un hombre del gobierno.

Rosua es el director del Servicio Penitenciario santafesino (e hijo del ministro de Gobierno) que culpó a «las leyes de Blumberg» por la tragedia. Benaglia es el secretario de Justicia, etiquetado por algunos como «un zaffaronista de primera hora».

• Estrategia

Ese análisis lo escuchó Néstor Kirchner antes de encerrarse en un concilio con el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, para diseñar una estrategia con respecto a Coronda. Ese penal lleva ahora un estigma: es la cárcel donde se produjo el motín más violento de los últimos 15 años. Sólo lo supera Devoto, cuando en marzo de 1978 murieron 61 personas.

La decisión que se tomó ayer es enviar una misión a Santa Fe, para que desembarque en la cárcel de Coronda, confeccione un informe de lo que pasó y de lo que se hará. Después se lo llamará al gobernador Jorge Obeid para ofrecerle colaboración del gobierno nacional.

El escuadrón que bajará a la ciudad santafesina es una especie de «división Panzer» a la que Rosatti suele echar mano para disolver intentos de rebelión en las cárceles. Al comando de ese grupo estará Raúl Jonás, un ingeniero de fuerte ascendencia al ministro; el director del Servicio Penitenciario Federal, José Luis Soria; el director del Programa Nacional Trabajo en Cárceles, Juan De Filipi (un funcionario que -se afirma-suele elogiar el ingeniero Juan Carlos Blumberg), hombres de Política Criminal y Derechos Humanos.

La medida dispuesta por el gobierno despide un aroma político de legislativas de octubre. Es poco común que los pesos pesado de un ministerio bajen a una provincia. Aunque no es raro si se comprende que la estrategia presidencial está centrada sobre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Se trata, entonces, de una clara señal política. Desde el año pasado hasta los últimos meses a Obeid le enviaron 20 millones de pesos para hacer frente al tema penitenciario. Ahora le envían un «apoyo técnico». La excusa es evitar una demanda millonaria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, como la que se impulsó desde Mendoza por la muerte de 18 presos durante un año.

Jonás es un asesor de primera línea de Rosatti y un especialista en temas penitenciarios. Fue el que armó la arquitectura que le permitió cerrar un acuerdo con diez gobernadores para la construcción de doce alcaidías. Ese ministerio habilitó una caja de más 80 millones de pesos para estas obras.

Jonás es, además, «un duro». Un tipo del interior que conoce muy bien el funcionamiento de la Capital y muy curtido políticamente. Acaba de desactivar un conflicto con la cárcel de Devoto, después del fallo judicial que intimaba al Ministerio de Justicia a mejorar las condiciones de detención en ese penal. Jonás superó el problema firmando un acta la Defensoría de la Nación y el procurador penitenciario.

Para este caso se dispuso el traslado de 150 internos a otras unidades, en un plazo de 45 días. La emisión de un decreto de necesidad y urgencia para ampliar la planta de personal del Servicio Penitenciario Federal y el traslado a esa unidad de 50 agentes, desde otras dependencias, destinados a tareas de seguridad.