El gobierno quiere tener listo en 60 días el proyecto para una nueva ley de radiodifusión, pero la redacción no saldrá del Poder Ejecutivo sino que se pedirá al Congreso que avance con el tema. En un plenario de las comisiones de Comunicaciones, Libertad de Expresión y Cultura de Diputados, Enrique Albistur, titular de la Secretaría de Medios, y Julio Bárbaro, jefe del COMFER, dieron un pantallazo de la situación de los medios de comunicación estatales. Bárbaro adelantó que tiene en estudio una restricción a la cantidad de horas que los canales de televisión de cable y aire destinan a programas religiosos -la crítica en este caso está fogoneada por la Iglesia y tiene como destino a los evangelistas- y que habrá regulaciones a la emisión de publicidad para venta directa por TV. La reunión de las comisiones comenzó con una serie de preguntas a Albistur por parte de algunos diputados sindicales sobre la situación de la agencia «Télam».
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Albistur negó en todo momento que existan empleados en negro en esa agencia, sólo contratos para incorporación de personal que no han sido firmados por el Ejecutivo. La acusación había empezado por el cordobés Oscar González: «Queremos saber si es cierto que existen trabajadores en negro contratados en ' Télam', sobre todo en cargos jerárquicos. ¿Es cierto que hay problemas judiciales donde se ha indemnizado a empleados sin haber sido nombrados por decreto?», preguntó.
«Eso no es así -contestó Albistur disgustado-. Sólo existe una demora en la firma de algunas contrataciones.»
• Incompatibilidades
Lo siguió Graciela Camaño, para profundizar en el tema: «Se están violando convenios colectivos. Hay incompatibilidades con el derecho laboral. Desde mayo de 2003 existen 301 nuevos proveedores del Estado que son contratados encubiertos por ' Télam' que están en negro y, por lo tanto, no pagan aportes», dijo la diputada sindical. «Eso no consta en nuestra documentación», le retrucó el secretario de Medios.
La reunión después discurrió más tranquila. Albistur precisó que no está en la idea de ningún funcionario del Ejecutivo la privatización de ninguno de los medios de comunicación estatales y se explayó sobre la función de cada uno, hasta que volvió a instalarse el mal humor.
Fue cuando Irma Roy le preguntó a Albistur: «¿Me puede explicar para que se contrató una encuesta sobre el gusto cultural de los argentinos?».
«Lo que necesitamos saber es qué le gusta en materia cultural a cada región del país, no sólo a los porteños, para respetar las identidades», contestó Albistur. Andrés Zotos, del partido renovador de Salta, se metió directamente con la actividad anterior del actual secretario: «¿Usted sigue manejando la publicidad en la vía pública, ¿no es incompatible con la función que ocupa?». Albistur contestó: «Tengo una familia grande y antes de entrar en la función pública transferí el control a mis hijos». Por lo bajo, el secretario le dijo a Zotos: «Eso es triplemente tendencioso». Zotos, no contento con la respuesta, lo esperó a la salida de la reunión y a modo de consejo le dijo a Albistur: «Usted no debe saberlo pero el artículo 15 de la ley de ética pública exige que un funcionario renuncie a su actividad particular, si es la misma área que ocupará, con un año de anticipación. Esto habría que modificarlo o el Presidente firmar un decreto», le dijo. Albistur, menos enojado, le agradeció la advertencia.
Ese artículo, en realidad, ha traído dolores de cabeza a más de un funcionario en los últimos años y siempre fue atacado porque invalida que el presidente de turno forme su gabinete con quienes considere conveniente. Siempre se dio por un hecho que la norma podría se beneficiosa para el caso de un funcionario saliente -también exige un año antes de pasar a la actividad privada en la misma área-, pero no para los entrantes.
