Un registro nacional puso cifras a las muertes en cárceles, comisarías y operativos de seguridad

El informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura relevó por primera vez los fallecimientos registrados en todo el país entre 2022 y 2024. El 43% de las muertes en la vía pública con intervención de agentes armados involucró a policías que estaban fuera de servicio.

El registro reúne información de las 24 jurisdicciones y contabiliza 1.716 fallecimientos durante el período analizado.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura relevó por primera vez las muertes ocurridas en cárceles, comisarías y durante intervenciones de fuerzas de seguridad en todo el país. Entre 2022 y 2024 se registraron al menos 1.716 fallecimientos. En el 43% de las muertes ocurridas en la vía pública en las que intervinieron agentes armados, los policías estaban fuera de servicio.

Por primera vez, la Argentina cuenta con un registro nacional que permite dimensionar cuántas personas mueren mientras están privadas de su libertad o durante intervenciones de las fuerzas de seguridad. El dato es contundente: entre 2022 y 2024 murieron al menos 1.716 personas, un promedio de una cada 16 horas.

La cifra surge del Primer Informe del Registro Nacional de Muertes bajo Custodia y en Intervenciones de las Fuerzas de Seguridad (RNM), elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que reunió información de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahora, la falta de información sistematizada y el subregistro impedían tener una dimensión nacional del fenómeno. Para elaborar el informe, el CNPT cruzó datos oficiales con información aportada por el Poder Judicial, los mecanismos locales de prevención de la tortura y otros organismos de control.

Del total relevado, 1.115 personas murieron en cárceles, 212 en comisarías o dependencias policiales y 389 durante intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública.

Este último dato presenta uno de los aspectos más llamativos del informe. Ocho de cada diez muertes ocurridas durante intervenciones en la vía pública se produjeron por el uso de armas de fuego. Pero además, en el 43% de esos casos los agentes involucrados estaban fuera de servicio.

Quiénes mueren

El registro también permite conocer el perfil de las personas fallecidas. El 94% eran varones, el 4% mujeres y el 0,5% personas trans.

Más de la mitad de las víctimas tenía menos de 40 años. Según el informe, en ese grupo etario el riesgo de morir mientras se está privado de la libertad duplica al de las personas que no están detenidas.

La diferencia también aparece al analizar las causas de las muertes, que varían significativamente según el lugar donde se producen.

En las cárceles, las enfermedades son la principal causa: explican siete de cada diez fallecimientos. En cambio, tanto en las dependencias policiales como en las intervenciones en la vía pública predominan las denominadas causas externas.

Entre ellas, el suicidio ocupa un lugar central. El informe advierte que la tasa registrada es cinco veces superior a la de la población general.

También aparecen otros episodios, como incendios, electrocuciones e intoxicaciones, que en conjunto representan el 6,6% de las muertes relevadas.

El dato que todavía no tiene explicación

Uno de los puntos del informe es que el 17% de las muertes ocurridas bajo custodia tiene causa no determinada. En esos casos existen investigaciones en curso, versiones contradictorias o información que todavía no permite establecer con precisión qué ocurrió.

Para el CNPT, contar con este tipo de información no es solamente una cuestión estadística. El objetivo es que los datos permitan detectar patrones, identificar lugares o situaciones de riesgo y adoptar medidas de prevención antes de que se produzcan nuevas muertes.

El organismo destacó que disponer de información “rigurosa y sistemática” constituye una herramienta central para la prevención y un paso necesario para determinar dónde y cómo debe intervenir el Estado.

El registro, que reúne por primera vez información de todo el país, busca así poner cifras a un fenómeno que durante años permaneció fragmentado entre distintas jurisdicciones y organismos.