Villas: Ibarra anunciará planes sin tener respaldo

Aunque apura anuncios de erradicación de las villas 31 y 31 bis, Aníbal Ibarra no cuenta aún con las tierras que quiere ganar, ni con las que necesita para llevar a la gente. Tampoco existe una ley que se lo permita.

Aníbal Ibarra busca anunciar un pretencioso proyecto para la zona de Retiro en la Capital Federal que incluye trasladar parte de las villas de emergencia a las provincias con el aval del gobierno nacional. El emprendimiento requiere de la aprobación de la Legislatura porteña, adonde aún no ha llegado el plan; también implica que la Nación le ceda las tierras a la Ciudad de Buenos Aires. Un anuncio con demasiados escollos para que justifique en el corto plazo.

El Gobierno porteño quiere anunciar, junto con el gobierno nacional, el traspaso de los terrenos que hoy conforman el complejo carenciado identificado como Villa 31 y Villa 31 bis, que se extiende en los laterales de la autopista Illia, donde viven más de 20.000 personas. El asentamiento se ha expandido bajo la vía rápida y continúa su desarrollo. Hace no más de dos semanas, nuevos moradores comenzaron sus precarias edificaciones ocupando otra manzana en la zona, avance que realizan colocando postes a modo de estacas y sobre ellos plásticos o viejas alfombras que ofician de techo, sin que nada pueda impedirlo.

En una de las zonas estratégicas para un plan de desarrollo urbanístico de una gran Ciudad como Buenos Aires se ha diseñado lo que se denomina Proyecto Retiro, pero el Gobierno porteño no puede aún plantar bandera para su comienzo: si el gobierno nacional no le traspasa el predio, el Instituto de la Vivienda porteño no puede emprender su plan de acción, que incluye el desalojo de más de 30% de los habitantes, previo pago de un subsidio o compra. Eso irá acompañado de varios proyectos que está poniendo en marcha la Secretaría de Infraestructura porteña a cargo de Roberto Feletti, pero que obstruye la existencia de las viviendas precarias en el lugar.

El pomposo proyecto Retiro que incluye la construcción de hoteles, oficinas, edificios, entre otras edificaciones y la continuación del anillo vial, requiere del espacio que hoy ocupa la Villa 31 bis, necesario par hacer el corredor urbano desde avenida Del Libertador entre Callao y la estación Retiro. De anunciar estas obras en lo inmediato, el Gobierno porteño estaría ocultando la verdadera situación que ampara a las familias carenciadas que allí viven y además que debe enviar el plan a la Legislatura, que entre otras aprobaciones debe determinar sobre la zonificación de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano. Cambiar esa norma es hablar de un proceso que incluye la doble lectura, es decir, que se realice una audiencia pública donde opinen los vecinos una vez aprobada la eventual ley que cambie la zonificación y luego volver a aprobarla. Es decir, varios meses de trámites.

• Traspaso

Para transformar la zona, primero será necesario el traspaso de las tierras a dominio de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, hay una ley porteña, la 148, que se haría extensiva a la Villa 31 y que impide otro destino que el de urbanizar lo que ya está. Sin embargo, a ese asentamiento cuyo desarrollo comenzó hace cerca de medio siglo se le anexó lo que se conoce como Villa 31 bis. Aníbal Ibarra espera que el gobierno nacional le transfiera ese predio que luego pasaría a formar parte del plan de urbanización de villas de emergencia que se lleva adelante en la gestión porteña y se ajusta a la ley local que destina esos lugares exclusivamente para viviendas. Eso significa que en el asentamiento se abran calles, se delimiten manzanas y se los provea de servicios públicos. Para llevar adelante ese plan debería el gobierno trasladar a una parte de la gente, ya que los asentamientos surgen de modo espontáneo, no están diseñados y la apertura de calles o la delimitación de espacios verdes excluye a una cantidad de habitantes.

La política del Gobierno de la Ciudad es subsidiar a esas familias para que puedan trasladarse o bien firmar convenios con la provincia de Buenos Aires o con las provincias de origen de esos habitantes para llevarlas allí en el marco del plan de viviendas del gobierno nacional. Las tierras hoy ocupadas por la Villa 31 y 31 bis sólo en una pequeña extensión son de la Ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de los terrenos pertenece al ONABE (el ente estatal nacional que administra las tierras de los ferrocarriles) y a la ex YPF.

• Poblaciones

En la Villa 31 bis estarían asentadas unas 5.700 personas y en la Villa 31, 16.000. Esto se observa al circular por la autopista Illia hacia el centro porteño, antes de abordar la casilla de peajes a la derecha, el complejo precario es la 31 bis, hacia la izquierda, la 31, que además cuenta con organización de los vecinos, comedores comunitarios y un cuerpo de delegados que resistirá cualquier traslado que no les sea conveniente económicamente. La mitad del asentamiento se produjo en los dos últimos años, según un relevamiento del que da cuenta la legisladora Sandra Bergenfeld, de la Comisión de la Vivienda, a este diario. Serían 7 de las 14 manzanas que además se edifican en alto y se advierten con facilidad al circular por la autopista. Bergenfeld además asegura que «hay muchas familias con títulos de propiedad que obtuvieron mediante el Plan Arraigo, cuando el intendente era Carlos Grosso». De ese modo, a esas familias sólo les puede comprar la Ciudad sus viviendas, hoy en uno de los lugares más cotizados del distrito, la entrada a la Capital Federal. «¿Dónde llevarían a la gente si no hay nada en la Ciudad donde alojarla?», se pregunta Bergenfeld. El plan lo maneja en sigilo el Instituto de la Vivienda porteña que preside Ernesto Selzer, porque no quieren alertar a los ocupantes de las tierras para que de pronto la tentación de un dinero en mano o el otorgamiento de una vivienda no provoque el desembarco de nuevos demandantes de subsidios.

Una de las alternativas es que en Villa Lugano, donde se realizará un complejo de 3.000 viviendas, se termine destinando para el traslado de parte de las villas de emergencia, y otra parte se dirija a un complejo similar de 1.700 viviendas en Casa Amarilla, pero los dos emprendimientos están frenados por la Justicia a raíz de quejas de vecinos. El excedente, unas 1.000 personas, serían atendidas con subsidios en efectivo. «Es preocupante que este proyecto que forma parte de un proyecto inmobiliario superior no cuente con un plan estratégico de realojamiento de familias», se quejó Bergenfeld.