La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, puso su firma y dio de baja a 551 nombramientos que realizó en los últimos meses de manera irregular el exjefe municipal Germán Alfaro (JxC), afirmó, y también dejó sin efecto alrededor de 1.700 pases a la planta permanente o recategorizaciones. “El Presupuesto enviado por Alfaro decía que la planta era de 4.300 personas pero, desde mediados de este año, fueron nombradas 2.529 agentes, eso habla de su irresponsabilidad”, sostuvo la exministra de Salud tucumana en conferencia de prensa.
Intendenta de capital de Tucumán pasó serrucho en planta municipal
Rossana Chahla denunció una campaña para generar caos, por una protesta frente al municipio, que tendría el apoyo de legisladores y concejales opositores.
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El encuentro con los medios se produjo un día después de una protesta de los desvinculados frente a la sede municipal. Hubo escenas de violencia cuando intervino personal de la policía provincial que evitó que los manifestantes ingresaran al edificio. Entre ellos, hubo concejales y ex personal jerárquico de Juntos por el Cambio (JxC), por lo que la intendenta peronista habló de un intento de “golpe institucional”. “Hay una idea de generar un caos pero no lo van a lograr, estamos trabajando bien, la gente nos eligió para poner orden, para que seamos mesurados con el gasto”, expresó.
Informó que entre las designaciones se detectó 66 familiares directos de exfuncionarios del municipio y en categorías altas. “Deberían renunciar, no es ético que permanezcan en sus lugares”. Junto a ella estuvo el secretario de Gobierno, Martín Viola, quien agregó que hay empleados que no registran planillas de asistencia y carecen de legajo. Ante la asunción de las nuevas autoridades algunos se presentaron a trabajar pero hasta desconocían en qué área debían prestar servicios, detalló. Pese a lo tajante de la medida, la Intendenta aclaró que se analizará caso por caso. “Reconoceremos al personal que es necesario para el normal funcionamiento de la municipio”, sostuvo.
Antes de cerrar la conferencia de prensa, la también exdiputada nacional y primera intendenta de la capital provincial, denunció que detrás de las manifestaciones hubo “legisladores y concejales, funcionarios elegidos por el pueblo y que hasta son de otros municipios”. E informó que se presentó una denuncia penal ante la Justicia provincial con capturas de pantallas de mensajes intimidatorios que recibió ella y algunos de sus funcionarios.
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