Cuenta regresiva para Ibarra en la Justicia

Familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón y tres ONG concretaron ayer su pedido de revocatoria de mandato contra Aníbal Ibarra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El escrito abunda en consideraciones que pondrían de manifiesto la falta de controles por parte del cuerpo de inspectores municipales para los locales nocturnos, supuesta cadena de corrupción y desatención de los problemas urbanos. También se le reprocha al jefe de Gobierno porteño no haber tenido en cuenta dos informes considerados clave que advertían sobre la gravedad del problema de inseguridad de las discos bailables: el de la Defensoría del Pueblo y el de la propia Legislatura.

La presentación fue materializada por el abogado Fabián Bergenfeld sobre la base de lo que establece el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentada por la Ley 357, que normatizó la forma de llevar adelante el procedimiento para la destitución de un funcionario electo. El Tribunal Superior de Justicia deberá abrir el proceso de recolección de firmas -se necesita 20% (500.000 adhesiones) del Padrón Electoral- para determinar si se convoca a un plebiscito vinculante en un plazo no mayor de 90 días. Si así sucediera, el plebiscito determinará si Ibarra puede continuar o si debe cesar en sus funciones; en ese caso, tendría que ser reemplazado por el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, siempre y cuando este último funcionario no sea incluido, también, en otro pedido de revocatoria. Si así sucediera, debería llamarse a elecciones anticipadas.

•Puntos salientes

Los aspectos más salientes del escrito son los siguientes:

•El 30 de diciembre de 2004 los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuimos conmocionados por un hecho aterrador que dejó un saldo de, hasta el presente, 191 muertos, a los que hay que sumar unos 800 heridos y otra enorme cantidad imprecisa de víctimas menores. Se trató del incendio del local República de Cromañón.

•Este infausto suceso se produjo a cinco años de gestión como jefe de Gobierno de esta Ciudad por parte de Aníbal Ibarra. En el ínterin, dicho mandatario había recibido diversas advertencias sobre la situación de indefensión de los ciudadanos porteños por la carencia de controles en locales como el ya citado. Uno de ellos, de la Defensoría del Pueblo; y otro, de la Legislatura.

•Ambas fueron desatendidas a pesar de que se produjeron algunos avisos de cierta envergadura, como el incendio del boliche Cemento, del mismo «empresario» Omar Chabán.

•El matutino porteño Ambito Financiero, en su página Web del pasado martes 25 de enero de 2005 hizo notar que Ibarra, en compañía de otros funcionarios a los que se identificó, asistió a un congreso de la cámara que agrupa a tales locales, en noviembre de 2004, un mes antes de la catástrofe. Es decir, no escuchaba a la Defensoría ni a la Legislatura, pero sí a los que actúan al margen de las normas.

•Ello habla a las claras de que se está ante un acuerdo basado en la corrupción o ante una manifiesta desaprensión por los problemas.

•No es aceptable bajo ninguna circunstancia desatenderlos o declarar que existen otros responsables de los controles, como en el caso de los bomberos, cuando éstos sólo verifican cada tanto ciertas normas de seguridad, pero nada tienen que ver con garantizar que las puertas están abiertas cuando corresponda, ni que se vendan entradas en exceso.

•Los acuerdos entre corruptos o la ineptitud para ejecutar los controles ya habían quedado en evidencia en circunstancias anteriores, como lo sucedido hace un año, aproximadamente, en un geriátrico, cuando murieronvarios ancianos de resultas de una inundación. Es así como ha quedado claro que en la Ciudad hay un gran número de locales de todo tipo que funciona de manera irregular.

•El señor Ibarra ha demostrado una absoluta carencia de valores humanos. No se sabe a ciencia cierta qué hacía la noche del incendio. Lo único claro es que no se hizo presente en el lugar, no corrió riesgos socorriendo víctimas ni facilitó los diversos operativos de todo tipo indispensables ante tales circunstancias.

•Las investigaciones judiciales reclamadas por los familiares de las víctimas fatales y aun por sobrevivientes de la catástrofe apuntan al titular del Poder Ejecutivo porteño, quien es cuestionado por la mayor parte de la ciudadanía. Medios periodísticos internacionales se preguntaron cómo no había renunciado.

•Para concurrir a la Legislatura a dar explicaciones, fue necesaria una gran presión popular y mediática, demostrando su impopularidad la circunstancia de que no quiere toparse con los familiares de las víctimas y que hasta pretendió excluir a los medios de la Legislatura.

•Ibarra no ha facilitado la investigación judicial marginándose, motu proprio, del cargo que ocupa, aun cuando ya se le ha declarado la inhibición de bienes.