Opiniones

Los obstáculos de la ley de "Ficha Limpia" en Argentina

En el Congreso hay varios proyectos de ley que pretenden regular un nuevo estándar de elegibilidad que deberán cumplir aquellos que tengan aspiraciones políticas. El caso de Brasil y que pasaría en Argentina.

La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a ciertos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Dicha Convención, establece en su artículo 8° “Garantías Judiciales” el numeral 2 inciso h), que consagra el "derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14 que: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley".

Así, este derecho al recurso contra el fallo condenatorio en materia penal, doble conforme o doble conformidad judicial, como ha sido llamado por la doctrina mayoritaria, es una garantía básica del proceso penal que tienen los Estados parte.

En suma: lo establecido en los tratados mencionados significa garantizar la posibilidad que una condena sea revisada por una instancia superior.

Relacionados con este punto, se han presentado recientemente en el Congreso varios proyectos de ley que pretenden regular un nuevo estándar de elegibilidad que deberán cumplir aquellos que tengan aspiraciones políticas. (Conf. art. 33 de la Ley orgánica de los partidos políticos 23.298).

Para ello, sus fundamentos se han amparado en el artículo 23 numeral 2 de la CADH, el cual establece que: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”

Tomando únicamente la parte final del artículo 23 en su literalidad, estaríamos en condiciones de afirmar que aquella persona condenada por juez competente, en proceso penal, podría ser excluida de participar en la disputa de un cargo electivo.

Ahora bien, ¿acaso no sería necesario compatibilizar la legalidad propia de una decisión judicial de condena penal, cuando no se encuentra firme, con la presunción de inocencia y el doble conforme establecidos en distintos artículos del mismo instrumento internacional?

Es dable colegir que resulta fundamental en la especie no soslayar, y en cambio sí atender puntualmente, tanto al principio de presunción de inocencia del artículo 8.2, como al de doble conforme que garantiza 8.2.h, y verificar su lectura conjunta con el 23.2, concluyendo que el estándar marcado por la Convención mínimamente requiere una sentencia condenatoria, emanada de un juez penal competente, con el cumplimiento de las garantías de debido proceso –que comprenden la posibilidad de revisar la decisión de condena-, para efectos de suspender los derecho político-electorales.

Así, la mayoría de los proyectos presentados incorporan como inciso h) del art. 33 de la Ley 23.298 el mencionado estándar de elegibilidad, estableciendo que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias, candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales o ser designados para ejercer cargos partidarios, cuando fueren condenados por delitos dolosos en oportunidad de que exista sentencia de segunda instancia.

Probablemente, ante la necesidad de mostrar un cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción, se observa que se toman como referencia ciertas herramientas vigentes y efectivas en otros países. Dicha práctica, resulta altamente positiva siempre que se evalúe previamente si dichas normas se ajustan a nuestro sistema, o bien, el grado de adaptación que deberán tener las mismas para ser realmente efectivas y no un mero título.

En este caso, los proyectos se han apoyado en la Ley Complementaria 135/2010, más conocida como “Lei da ficha limpa”, sancionada en Brasil, a través de la cual se requiere para la inelegibilidad de un candidato la existencia de una condena dictada por Tribunal Colegiado. Ello, se vio reflejado recientemente cuando el tribunal electoral dejó sentado por amplia mayoría que su dos veces presidente no resultaba elegible en razón de que existe sobre su persona condena por parte de un tribunal colegiado, limite que establece la mencionada ley -valga la paradoja- sancionada bajo su gobierno.

Ahora bien ¿cuál es la oportunidad para hacer valer efectivamente este nuevo estándar que se ha plasmado en los proyectos mencionados? Como se ha señalado anteriormente, se pretende al momento de que “exista sentencia en segunda instancia”.

Así las cosas, de la redacción surge que se estaría dando por descartado que el imputado en cuestión ha sido condenado en primera instancia, con lo cual partiendo de esa premisa no habría inconveniente alguno, ya que se estaría respetando el doble conforme que fijan los Tratados Internacionales arriba mencionados.

Ahora bien ¿Qué ocurriría en caso de que en primera instancia el imputado por la comisión de alguno de los delitos dolosos fuere absuelto? Pregunta lógica toda vez que, según lo proyectado, es suficiente con que en segunda instancia haya existido una sentencia condenatoria, violando de esta manera una de las garantías procesales más importantes del derecho penal.

Ante este escenario, resulta adecuado traer a colación el caso Menem. El expresidente fue juzgado por el contrabando de armas, en juicio oral y público, donde resultó absuelto. Luego, la Cámara de Casación Penal revocó esa sentencia y lo condenó. Posteriormente, el ex presidente presentó Recurso Extraordinario ante la CSJN a fin de que revise dicha resolución. La Corte, en línea con lo que ya planteaba desde hace tiempo el Maestro Bidart Campos cuando afirmaba que el recurso extraordinario no era el adecuado para cumplir con la garantía del doble conforme prevista en el art. 8. 2. inc. h) de la CADH y, siguiendo la línea de la garantía del doble conforme, entendió que no estaba cumplida la misma y que le correspondía indicar la vía recursiva y el órgano competente que debía entender en el recurso si tal situación no se encontraba prevista en la ley procesal, a fin de no incumplir con lo previsto en los Tratados Internacionales (ver fallo “Mohamed vs Argentina” de la Corte Interamericana). Así, ante la inexistencia de otro tribunal superior que permita dar cumplimiento a lo establecido en los Tratados Internacionales, improvisó una revisión por parte de otra Sala de la Cámara de Casación, razón por la cual el ex presidente pudo ser candidato y posteriormente electo.

En suma: enfrentados como nunca antes al fenómeno de la corrupción, y vistos en la necesidad de prestigiar la política, comparto la preocupación por interpelarnos sobre la necesidad de establecer otros parámetros, particularmente frente a los delitos de corrupción, y aun otros que plantean serias dudas sobre la condición moral del candidato, siendo que la Constitución erige a la ética republicana y al compromiso democrático en baluartes del sistema.

Tema espinoso, pues, invita a buscar respuesta al siguiente interrogante ¿Hasta qué punto es válido aceptar el hecho de que la condena, aun no confirmada por la cámara de casación, pueda impedir ocupar cargos políticos?

La ley resuelve actualmente el caso de los condenados por delito doloso con sentencia firme, como el de los procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. ¿Acaso es dable aceptar que la sentencia firme sea necesaria en todos los demás casos? Entiendo que no necesariamente.

Pero, más allá de lo dicho, la vorágine de tratar de depurar el sistema político no puede hacernos perder de vista los compromisos internacionales asumidos, más aún cuando los mismos tienen jerarquía constitucional.

Así, la redacción del artículo 8.2.h en relación con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la CADH, establece que sea el Poder Legislativo quien al legislar sobre el punto tenga el deber de respetar la garantía del doble conforme adoptando las disposiciones de derecho interno necesarias para tal efecto.

En esta línea, es interesante recordar los dichos de la Dra. Highton de Nolasco, en el fallo “Casal”, cuando esgrimía que “se debe reformar la legislación procesal para crear un nuevo recurso que reúna las características que exigen nuestros Tratados Internacionales, un recurso efectivo, contra el fallo de condena para que un tribunal superior pueda revisarlo en todo aquello que sea revisable”.

Por ello, es conveniente legislar de manera tal que se pueda cumplir con las vías recursivas necesarias e idóneas y de acuerdo a los compromisos internacionales suscriptos, a los fines de evitar en el futuro diversas interpretaciones que solo logren dilatar los procesos beneficiando indirectamente a que aquellos candidatos que tengan una “ficha sucia”.

En suma: ríos de tinta han corrido como posturas existen sobre este tema, pero será el legislador quien tenga la última palabra. Mas no podrá regular sobre el tópico prescindiendo de pautas internacionales, en tanto hacerlo sin la debida cautela podría suponer la posibilidad de poner en riesgo lo que establezca en el punto.

(*) El autor es abogado, doctorando en Ciencias Jurídicas, docente universitario de Derecho Constitucional. Miembro fundador de ONG Puente entre la Justicia y la Gente. Integrante del Consejo Académico de CULTURADH México.

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