16 de mayo 2006 - 00:00

81 muertos ya en Brasil por ataque narco

¿Será por cálculo político que el gobernador de San Pablo sigue resistiendo el envío de fuerzas federales, incluso militares, ofrecidas por Lula da Silva a la ciudad? Cláudio Lembo, del opositor Partido del Frente Liberal, sabe que cuando pase la crisis por la violencia desatada por el narcotráfico, las miradas se posarán sobre su antecesor y aliado, el candidato presidencial Geraldo Alckim. La evidente falta de control sobre las bandas criminales derivará, inevitablemente, en reproches hacia la gestión de este último, su único activo para enfrentar a Lula en octubre. El camino para Alckim, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se presenta difícil para las presidenciales, ante un Lula que parece inmune a las denuncias en su contra y tiene logros económicos para mostrar. Mientras, la crisis no deja de empeorar, debido a la decisión del cartel de los criminales de golpear sin miramientos objetivos civiles, llevando a 81 la cifra de muertos desde el viernes. Colectivos y bancos incendiados, una guerra de nervios que hizo evacuar el propio aeropuerto de la ciudad, colegios y comercios cerrados, millones de personas sin medios de transporte, caos de tránsito, todo contribuyó ayer al pánico en la principal ciudad de Sudamérica.

San Pablo seguía anoche paralizada por el insólito ataque de bandas de narcotraficantes a comisarías y, además, a blancos civiles, como medios de transporte.
San Pablo seguía anoche paralizada por el insólito ataque de bandas de narcotraficantes a comisarías y, además, a blancos civiles, como medios de transporte.
San Pablo (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - En lo que fue calificado de «provocación» por Lula da Silva, a la ofensiva del narcotráfico que desde el viernes azota al estado brasileño de San Pablo ya se cobró la vida de 81 personas, 39 de ellas miembros de los cuerpos de seguridad, mientras que el pánico se apoderó de la población en la medida en que los ataques hacen blanco en civiles.

Desde que estalló el conflictohasta ayer se registraron 180 ataques en San Pablo y otras ciudades del estado del mismo nombre, según un balance de la Secretaría de Seguridad Pública.

Entre los muertos se hallan 22 miembros de la policía militar, seis de la policía civil, tres de la Guardia Civil Metropolitana, ocho guardias carcelarios, cuatro civiles y 38 delincuentes, señaló el informe.

Los ataques, atribuidos a la mafia de presos Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor cartel brasileño de narcotraficantes que controla decenas de cárceles paulistas, dejaron además 49 heridos entre agentes del orden y civiles, mientras que 91 sospechosos de participar en la ofensiva criminal fueron detenidos.

Según las autoridades, los acontecimientos son una represalia del PCC por el traslado, el último jueves, de 765 reclusos, entre ellos los cabecillas de la banda, presidios de máxima seguridad. En un intento de acercamiento, autoridades policiales se reunieron con los líderes de la agrupación en prisión, pero la solicitud de apaciguamiento no fue recibida por el PCC. La ofensiva iniciada «no se puede parar», dijo a las autoridades «Marcola», jefe de la organización, «la orden ya fue dada», recalcó.

La Secretaría de Administración Penitenciaria informó por su parte que entre el viernes y ayer se registraron 83 motines en las cárceles paulistas, de los cuales 73 ya terminaron o fueron controlados por la policía. En las otras 20 prisiones las rebeliones continuaban y los presos tenían en su poder a un total de 82 rehenes.

  • Objetivos

    Tras los ataques a la policía y los motines, el PCC orientó ayer su ofensiva contra vehículos de transporte público y bancos, lo que generó pánico en la población. Entre la noche del domingo y la tarde de ayer delincuentes prendieron fuego a por lo menos 90 colectivos y 13 sucursales bancarias, lo que obligó a los bomberos a multiplicarse para tratar de atender todas las emergencias. Miles de autobuses fueron sacados de circulación, lo que dejó ayer a pie a 3 millones de personas y provocó numerosos embotellamientos.

    El sonar de sirenas de los bomberos, móviles de la policía y ambulancias fueron una constante ayer en las avenidas de la urbe de 11 millones de habitantes (20 millones con sus suburbios), mientras que numerosos comerciantes de la ciudad y de algunos municipios vecinos cerraron las puertas por miedo a ser víctimas de atentados. Uno de los vehículos policiales atacados en el elegante barrio de Higiénopolis estaba ubicado a pocos metros de la residencia del ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

    Los centros comerciales Iguatemi y Market Place cerraron sus puertas a media tarde; la Bolsa de San Pablo suspendió el «after market», que comienza después del cierre de las operaciones habituales y el pasillo central del aeropuerto de Congonhas, en la zona sur de San Pablo, fue evacuado tras una llamada que anunciaba un atentado.

  • Sin clases

    Decenas de escuelas también suspendieron las clases y en las que continuaron abiertas miles de padres se anticiparon a retirar a sus hijos por miedo a un empeoramiento de la situación. En muchas oficinas y fábricas también se adelantó en varias horas el cierre de las actividades para que los empleados regresaran a sus casas cuanto antes.

    Ante el desborde de la situación, el gobierno federal ofreció enviar tropas militares, informó el ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos. Bastos indicó que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió que viajara a San Pablo para reiterar el ofrecimiento de ayuda al gobernador Claudio Lemos, quien durante el fin de semana lo había rechazado. Detalló que están prontos para desplegarse en el principal estado de Brasil unos 4.000 efectivos de la Fuerza Nacional (con miembros de todos los estados), así como de la policía federal, de los cuerpos de inteligencia «y hasta cierto límite, de las fuerzas armadas». «El ejército no es una policía, pero tiene un efecto disuasorio y tranquilizador», dijo Bastos.

    En Brasil, los asuntos de seguridad están a cargo de los gobiernos de los estados y no del gobierno federal, que sólo puede intervenir en caso de solicitud expresa de las autoridades regionales, celosas de sus prerrogativas. Esto puede abrirle un frente modesto a Geraldo Alckmin, principal candidato opositor a la Presidencia y hasta hace pocas semanas gobernador paulista.
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