Admite Lula que se demorará aprobación de su reforma clave

Madrid y Brasilia (AFP, Reuters, ANSA) - Los desacuerdos sobre la reforma del sistema previsional brasileño entre el gobierno, los gobernadores, el Congreso y los sindicatos estatales -quienes ya llevan ocho días en huelga- van a retrasar su aprobación hasta fin de año, admitió ayer desde Madrid el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

Después de haber previsto primero agosto y luego setiembre u octubre como fechas posibles para la aprobación de la reforma más esperada por los mercados, destinada a reducir las desigualdades entre los jubilados del sector público y el privado y un déficit de 18.300 millones de dólares de la Seguridad Social, Lula predijo ayer -más módico- en España que será aprobada «antes de fin de año».

El presidente brasileño acordó ayer con su par español, José María Aznar, un «acuerdo estratégico» bianual que, además de la cooperación bilateral, incluirá la coordinación de posiciones en organismos multilaterales.

El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, se expresó en la misma línea que Lula en torno a la reforma previsional. «El compromiso es aprobarla este año. Si fuera agosto, setiembre u octubre no hay diferencia», dijo el funcionario a periodistas en Madrid, donde acompaña a Lula en una visita oficial.

«Yo prefiero más tiempo con la mejor reforma a una reforma apurada que pierda la calidad del producto», dijo Palocci antes de embarcar para regresar a Brasil.

La Bolsa de San Pablo bajó ayer 0,93% en medio de una fuerte cautela de los inversores ante los problemas que afronta el proyecto de reforma de la seguridad social. Los inversores están a la espera del texto final del proyecto que el gobierno debería concluir hoy para que el Congreso empiece a debatirlo.

Los desacuerdos entre el gobierno -que ha tenido mayoritariamente en cuenta los reclamos de los 27 gobernadores del país-, el Congreso y el poderoso Poder Judicial -capaz de bloquear la reforma en los tribunales-, son la causa de la demora. Los principales puntos de discordia en este momento se centran en la exigencia del Poder Judicial de que las jubilaciones sean iguales a los salarios que se pagan en actividad y que crezcan cada vez que haya subas de sueldos. Además, quedarían sin efecto topes de 830 dólares y un gravamen de 11% a las jubilaciones superiores a 370 dólares a cambio de un aumento mayor al previsto inicialmente en la edad de retiro.

El gobierno, que la semana pasada se comprometió con los jueces y el Congreso sobre este punto, intenta minimizar el costo político con los gobernadores que reclaman que de ser así, sólo se aplique para los actuales funcionarios. Los que se incorporen al Estado una vez aprobada la reforma tendrán otro régimen, más restrictivo.

Desde hoy, cuando regrese a Brasil, Lula deberá laudar entre sus funcionarios y los líderes del oficialismo en el Congreso. «La última opinión será la del presidente Lula», dijo ayer el ministro de Previsión, Ricardo Berzoini.

Además de la huelga de empleados públicos, iniciada hace nueve días, la presión del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) en el sentido de que podría trabar la reforma por violar derechos adquiridos llevó al gobierno a ceder la semana pasada, algo que cayó mal en los mercados.

El titular del STF, Maurício Correa, señaló que las jubilaciones estatales deberían seguir ajustándose según las variaciones salariales del sector y que también los futuros empleados públicos deberían poder seguir retirándose con el valor equivalente al último sueldo recibido. «Esa es la única manera de que la carrera judicial sea atractiva. Además, habrá un aumento de edad y en la cantidad de años de aportes, lo cual sustentará la permanencia de estos derechos», dijo.

Aunque Correa no lo dijo, otros voceros del Poder Judicial reiteraron que los jueces pueden impugnar la reforma «si no respeta los derechos adquiridos de los empleados públicos».