Rio de Janeiro (EFE, ANSA, AFP) - El gobierno brasileño anunció ayer que estudia suspender algunas garantías constitucionales en Rio de Janeiro después de que la alcaldía de esa ciudad fue ametrallada a mansalva, en un atentado interpretado como un desafío sin precedentes del narcotráfico local.
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Según las autoridades, el edificio comunal fue alcanzado por unos cien disparos de fusil y ametralladora, ante lo cual el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso se pronunció de manera contundente: «Esto no da más. Esto es inaceptable. Todo tiene un límite; esto es una provocación no tanto al alcalde, a las autoridades, sino al pueblo. Ya convoqué para una reunión para mañana (por hoy) en Brasilia al ministro de Justicia, a la gobernadora de Rio y a otras autoridades para elaborar una respuesta conjunta y efectiva».
«Tenemos que tomar medidas enérgicas y las vamos a tomar», añadió el mandatario, que en el momento del ataque se encontraba en Rio de Janeiro para asistir a una reunión sobre medio ambiente junto con decenas de dignatarios extranjeros.
En ocho de los catorce pisos del edificio, los cristales estallaron por el impacto de las balas, que no hirieron a nadie, ya que el ataque se produjo de madrugada, dijo la policía.
Imágenes de la televisión mostraron, en el interior de la sede municipal, numerosos impactos de bala de grueso calibre en sillas y escritorios de la alcaldía, que incluso penetraron en la oficina del titular, César Maia, del Partido del Frente Liberal (PFL).
Según la policía, la forma de actuar de quienes atentaron contra la alcaldía lleva a pensar que se trata de narcotraficantes, a los que las autoridades han puesto contra la pared en las últimas tres semanas, sobre todo tras la muerte de un periodista del canal de televisión Globo a manos de vendedores de droga.
Pese a esas sospechas, el jefe del Servicio de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad de Rio de Janeiro, Robson Rodrigues, declaró que no debe descartarse una presunta motivación política, «sobre todo» cuando Brasil está en un año electoral.
• Terrorismo
«Esto es un acto terrorista y exige una respuesta del gobierno federal en Rio de Janeiro», afirmó Maia, quien informó de que le ha pedido a Cardoso que declare el «estado de emergencia» en la ciudad. Ese mecanismo, reservado por la Constitución para restablecer o preservar la paz social, necesita la aprobación del gobierno y del Congreso nacional.
Esta medida puede suponer la suspensión de garantías constitucionales como el derecho de reunión, la privacidad de correspondencia y el secreto de las telecomunicaciones, y se adopta por un máximo de 30 días, prorrogables si persisten los motivos que llevaron a decretarlo.
Así como el alcalde solicitó declarar ese estado de excepción, la gobernadora de Rio de Janeiro, Benedita da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), afirmó que esa «no es la solución».
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