Argentina investigará los crímenes cometidos contra la minoría rohinyá en Birmania

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La Cámara Federal de Apelaciones aceptó llevar la causa por posibles delitos de guerra contra los militares de ese país.

La justicia argentina aceptó abrir una investigación sobre las denuncias contra militares birmanos por crímenes de guerra contra la minoría musulmana rohinyá, bajo el principio de justicia universal, según una decisión de la Cámara Federal de apelaciones a la que accedió la AFP.

Argentina "se encuentra habilitada para proseguir con la pesquisa aunque los hechos acaecieran en Myanmar en virtud de la recepción del principio de jurisdicción universal que ha sido consagrado constitucionalmente", sostuvo la resolución de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal.

La decisión de la Cámara revoca un fallo de primera instancia de la jueza argentina María Servini de Cubría que había desestimado la petición de abrir una investigación.

La causa había sido recibida a finales de 2019 por los tribunales argentinos tras una presentación de Maung Tun Khin, presidente de la Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) con sede en Reino Unido.

"La investigación y/o eventual juzgamiento de este tipo de crímenes es responsabilidad primaria de los Estados", argumentaron los jueces.

Seis mujeres rohinyás de Birmania, refugiadas en Bangladés, participaron en agosto pasado de una audiencia virtual ante la Cámara de Apelaciones argentina que resolvió ocuparse de sus denuncias.

Una de las denunciantes declaró que todas "habían sido agredidas sexualmente y que gran parte de sus familiares habían fallecido como consecuencia de la represión sufrida" el 27 de agosto de 2017, recordó el tribunal.

La justicia argentina ya ha aceptado otros casos en atención a la jurisdicción internacional, en particular por crímenes del franquismo español.

Unos 750.000 rohinyás huyeron del estado birmano de Rakáin (oeste) en agosto de 2017, tras una operación de represión del ejército en ese país de mayoría budista.

La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional también investigan a los dirigentes birmanos por violaciones a los derechos humanos de los rohinyás.

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