Madrid (AFP, ASN, La Vanguardia) - El gobernante Partido Popular de José María Aznar utilizó una vez más su mayoría absoluta en el Parlamento español para aprobar la reforma penal que podría terminar con el presidente autónomo vasco en la cárcel. La norma, rechazada por todo el arco opositor, castiga la convocatoria a referéndum «ilegales», tal como el gobierno considera el aún no concretado llamado a plebiscito por la autodeterminación del País Vasco, que anunciara el lehendakari Juan José Ibarretxe.
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Los partidos de la oposición calificaron la reforma de «burla» y «fraude» y se negaron a votar en señal de protesta. En una agitada sesión que terminó con gritos e insultos cruzados, todos los partidos opositores, de centroizquierda, izquierda y regionalistas, optaron por abstenerse.
El denominado Plan Ibarretxe, que será debatido en 2004 por el Parlamento regional vasco, pretende apoyarse en el derecho de autodeterminación para ir más allá de la autonomía de que goza el País Vasco según la Constitución española de 1978. El jefe del Ejecutivo regional vasco quiere convocar a partir de 2005 a una consulta popular para que su región se transforme en un estado libre asociado a España.
La Constitución de 1978 reserva el derecho de convocar a un referéndum al poder central de Madrid. Dos de los tres artículos aprobados estipulan penas de cárcel para aquella «autoridad o funcionario público que, careciendo de competencias, convocare o autorizase la convocatoria» a elecciones o consultas populares o que «promuevan o aseguren» la realización de un referéndum que haya sido declarado ilegal. A mediados de noviembre, el gobierno español interpuso un recurso contra el nuevo proyecto de estatuto ante el Tribunal Constitucional. Para Aznar, el plan del gobierno nacionalista vasco a cargo del PNV (moderado) responde a una política conjunta con la banda terrorista ETA y lo calificó como «plan de secesión edificado sobre los mil muertos».
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también rechazó el plan Ibarretxe, pero estimó que la reforma del Código Penal provocará más tensión en el País Vasco y «criminaliza la vida política».
Aunque la violencia de ETA disminuyó en los últimos dos años, a raíz de una contundente ofensiva policial y judicial impulsada por el gobierno nacional, la tensión en muchas ciudades vascas se mantuvo y el problema político continúa latente.
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