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Miles de indígenas
bolivianos llevaron otra
vez ayer su protesta a
La Paz. El país se
debate en un embrollo
institucional de muy
difícil resolución.
Santa Cruz, liderada por una organización civil empresarial, ha arrastrado en su reclamo autonómico a las provincias de Beni y Pando, de gran potencial forestal y agroindustrial; y Tarija, donde se emplaza la segunda riqueza gasífera de Sudamérica: 48,7 trillones de pies cúbicos.
•Disconformidad policial
En otro orden, tres centenares de policías plantearon demandas institucionales y expresaron ayer su disconformidad con Mesa. En su mayoría suboficiales, los uniformados, reunidos en un regimiento policial en el centro de La Paz, se resistieron a desplegarse en los puntos de conflicto social en la agobiada capital.
Una gestión de emergencia del comandante nacional de policías, general David Aramayo, frenó la protesta de sus subordinados, mientras medio centenar de militares tomaba posición de resguardo de la Plaza de Armas de La Paz, que alberga el presidencial Palacio Quemado y el edificio del Congreso.
En ese contexto, el vocero de un grupo de policías del principal regimiento de La Paz anunció su pase a la clandestinidad junto a otros seis agentes.
En este clima de convulsión, el gobierno de Carlos Mesa volvió a evocar las denuncias de golpe de Estado. «No ha cesado el movimiento conspirativo para derrocar al presidente, pero las fuerzas armadas y la policía son el principal muro de contención», aseveró el ministro de Gobierno, Saúl Lara. El ministro apuntó en su denuncia a «intentos conspirativosno sólo desde el Parlamento, sino de la izquierda radicalizada y dogmática, y de algunos empresarios».
En ese sentido, se conoció ayer un pronunciamiento de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO, Santa Cruz), que se sumó a las presiones de otras entidades empresariales que buscan forzar la renuncia del presidente.
Mientras el país quedaba aislado de la Argentina, Perú, Chile y Paraguay por los bloqueos de carreteras, la Iglesia Católica se declaró dispuesta a mediar en la crisis. «Si una de la partes nos lo pide, entonces la Conferencia Episcopal puede participar en buscar el diálogo y una solución», dijo monseñor Edmundo Abastoflor, arzobispo de La Paz y vicepresidente del organismo.



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