Bolivia: protestas impedían sesión clave del Congreso

La violencia en las calles está ganando la batalla contra las instituciones en Bolivia. Ayer volvieron a bloquear La Paz quienes reclaman la nacionalización de hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Una manifestación impidió que lleguen legisladores a una sesión conjunta de ambas cámaras. Sin embargo, diputados afines al cocalero Evo Morales comenzaron a sesionar en un acto de dudosa legalidad. La situación está empantanada mientras se suman los pedidos de renuncia del presidente Carlos Mesa. El Ejecutivo insiste en que no va a reprimir ni a decretar el estado de sitio, para aventar el estigma de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los manifestantes apelaron al fuego y a la dinamita para sembrar el caos en La Paz.

La Paz (Reuters, EFE, ANSA, AFP) - Fue otro día tormentoso para La Paz. Los grupos radicalizados se adueñaron de la ciudad y lograron impedir que el Congreso se reúna para aprobar la convocatoria a un referendo por las autonomías que reclaman regiones como Santa Cruz de la Sierra y Tarija, entre otras.

En este contexto, partidos de izquierda intentaban aprovecharse de la situación y estaban cerca de alcanzar el quórum mínimo requerido para la sesión conjunto de ambas cámaras.

«No hay garantías para que sesione el Parlamento porque varios diputados y senadores no pudieron llegar a La Paz por el bloqueo de carreteras y pocos vuelos debido al paro en El Alto», informó el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío. La sesión fue formalmente postergada para hoy, aunque se repetirán las protestas y nada garantiza que los legisladores puedan llegar. Hasta anoche, algo menos de 50% de los diputados y senadores no había podido sortear los piquetes, mientras se necesita la mitad más uno de los 157 parlamentarios. Al cierre de esta edición, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Pachacuti (MIP) comenzaron una sesión de dudosa legalidad, dirigida por el legislador Jorge Ledesma. Estos grupos pretendían convocar a una Asamblea Constituyente.

Uno de los que no pudo llegar hasta el Palacio Legislativo fue Hormando Vaca Díez, presidente del Congreso -por lo tanto segundo en la sucesión presidencial- y acusado por sectores de izquierda de pretender realizar un golpe de Estado.

Tras una jornada caótica, el ministro de Gobierno (interior), Saúl Lara, reiteró que «no vamos a reprimir a nadie», a pesar de los destrozos a bienes públicos y privados que hicieron los manifestantes.

• Exigencia

«No hay ninguna decisión del gobierno de decretar un estado de sitio», dijo el ministro en rueda de prensa en uno de los salones de Palacio Quemado.

Gran parte de los manifestantes -gremios, estudiantes, campesinos, asociaciones vecinales e indígenas- exige también la nacionalización de hidrocarburos con expropiación de las instalaciones privadas.

Decenas de policías apostados en las cuatro esquinas de la céntrica Plaza Murillo de Armas resistían el embate violento haciendo uso de barreras metálicas y gases lacrimógenos.

Los habitantes de El Alto fueron el grupo más numeroso en la marcha masiva que paralizó todo el día La Paz.

«El presidente Mesa está cometiendo los mismos errores que Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada), que decía que eran unos cuantos que pedían a nombre del resto, pero nosotros nos quedaremos en La Paz hasta que el Congreso fije fecha para la Asamblea Constituyente», afirmó el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Abel Mamani.

En la vereda opuesta, el presidente del influyente Comité pro Santa Cruz, el médico Germán Antelo, logró filtrarse hasta la sede del Congreso para dialogar con parlamentarios sobre la convocatoria a un referendo de autonomías para el 12 de agosto, el mismo día que se realizarán las primeras elecciones de prefectos ( gobernadores) en Bolivia.

«Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. No toleraremos que no haya referendo porque nunca es ilegal consultarle a la gente, porque eso es democracia participativa», expresó.

Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, desde el 28 de enero respalda la elección de prefectos y el referendo sobre autonomías.

Sin embargo, regiones más pobres, como El Alto, la ciudad vecina de La Paz, piden que primero se convoque a una Asamblea Constituyente que permitirá la refundación de Bolivia, esta vez con participación de aymaras, quechuas, guaraníes y otros grupos indígenas.