Bolsonaro vetó partes de una ley para blindar en la Justicia a militares y policías golpistas

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Eliminó tramos de la ley de Defensa de la Democracia que castigaban la diseminación de noticias falsas y la actuación de trolls en las redes sociales. Con eso alivia su propia situación y la de su entorno en diversas causas. Asimismo, evitó que se agraven las penas contra miembros de las fuerzas de seguridad que atenten contra la democracia. Arrecia el choque con el Supremo.

Brasilia - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó ayer una norma en defensa de la democracia que elimina la Ley de Seguridad Nacional heredada de la dictadura militar (1964-1985), pero vetó algunos artículos clave de modo de dejar sin castigo la financiación y diseminación de noticias falsas y trolls y de evitar un aumento de las penas para policías y militares que cometan delitos.

Bolsonaro promulgó una ley que modifica otra de 1983 que era una de las herencias de la dictadura y que asociaba las protestas callejeras al terrorismo, entre otros aspectos.

Según el Diario Oficial de la Unión, Bolsonaro vetó partes de la nueva ley de Defensa de la Democracia que tienen que ver con sus intereses personales y con su base de apoyo, como policías y militares.

Bolsonaro está investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por la posibilidad de que haya atentado contra el estado de derecho al diseminar noticias falsas sobre la supuesta preparación de un fraude en su contra en la elección presidencial de 2022 por parte de la Justicia electoral.

El delito de comunicación engañosa masiva -la promoción de “fake news” que enturbien los procesos electorales- fue vetado por el presidente con el argumento de que no se sabe si el que comparte estas mentiras también puede ser sancionado.

“El ambiente digital es favorable a la propagación de informaciones verdaderas o falsas”, dice el veto y agrega que dirimir esa cuestión implicaría la existencia de un tribunal que determine lo que es verdad y lo que no lo es.

Aliados y amigos de Bolsonaro están detenidos y procesados por haber usado dinero público en su beneficio y por financiación para fomentar un golpe de Estado, lo que, por ejemplo, se vincula con el pedido de sectores bolsonaristas para intervenir el Supremo con el Ejército.

El repudio al STF tras la apertura en esa instancia de procesos contra Bolsonaro hizo que el presidente convocara a sus partidarios a manifestarse el 7 de setiembre, Día de la Independencia, en Brasilia y en San Pablo, algo considerado por sus críticos como una amenaza de autogolpe en perjuicio del máximo tribunal.

El veto a delitos que sancionaban el universo de las noticias falsas y la actuación de trolls en las redes sociales tiene que ver también con la situación procesal del mandatario y por eso era esperado por senadores y diputados.

Dentro de los cuatro vetos, el segundo atendió a la base de apoyo de Bolsonaro: militares y policías.

El mandatario eliminó el artículo que aumentaba las penas para los delitos contra el Estado de derecho cuando estos son cometidos por policías y militares.

Ello “viola el principio de proporcionalidad al poner al militar en una situación más grave que otros agentes estatales, además de impedir manifestaciones de pensamiento emanadas de grupos más conservadores”, dice el trecho del veto del ultraderechista.

En el enrarecido contexto de las marchas del próximo martes 7 preocupa la prevista participación de policías estaduales afines al oficialismo, los que ya están organizando caravanas. Ante eso, está previsto un estricto control a la portación de armas tanto por temor a actos de intimidación ante la sede del Supremo como por la posibilidad de que se produzcan choques con sectores opositores que también anunciaron manifestaciones.

Excapitán de Ejército, Bolsonaro defiende la dictadura militar y reivindica la tortura ejercida contra sus opositores, a tal punto que ha confesado que su ídolo es el coronel Carlos Alberto Ustra, jefe de la policía secreta del régimen y responsable por la política de torturas a los detenidos políticos durante los 21 años del régimen de facto.

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