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Dilma Rousseff enfrenta un nuevo escándalo en el PT.
Costa sostiene que el pedido fue realizado por el cambista Alberto Youssef, quien al igual que él está preso en el marco de una operación que desmanteló una organización delictiva que actuó en Petrobras junto a un cartel de empresas contratistas.
Las declaraciones recogidas hasta el momento indican que decenas de legisladores, ministros y gobernadores aliados recibieron sobornos sobre el valor de los contratos firmados por el ente, que eran sobrefacturados.
Según las denuncias, el dinero desviado del ente alimentó otras campañas electorales de políticos del gobernante PT y de otras agrupaciones aliadas.
Horas después de que salieran a la luz las denuncias, los asesores de prensa de Hoffmann emitieron un comunicado en el que informan que la ex ministra no conoce a Costa ni a Youssef, y que solicitó a sus abogados "que estudien medidas judiciales contra 'O Estado'".
La ex ministra de Rousseff niega a través de la misiva haber recibido la donación citada por el ex director de Petrobras y afirma que tanto él como el cambista "mienten".
"Si los delincuentes Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef mencionaron eventualmente alguna contribución a la campaña de la senadora -lo que no se puede confirmar-, lo cierto es que mienten", sostuvo Hoffmann.
Añadió que los reos "mienten con el evidente objetivo de obtener ilícita ventaja en ese trueque de la 'delación premiada'", nombre del dispositivo jurídico que permite que un reo obtenga reducción de pena a cambio de que colabore con las investigaciones vinculadas al delito por el que se lo acusa.
La revelación de "O Estado" ocurre un día después de que Rousseff admitiera por primera vez la existencia de desvío de dinero en Petrobras, que tuvo lugar durante un periodo que coincide, en parte, con el tiempo en que la mandataria y candidata a la reelección comandó el Consejo de Administración de la empresa estatal.
En declaraciones dadas el viernes en una rueda de prensa en Brasilia, Rousseff se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para resarcir al Estado por los desvíos.



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