Brasilia (EFE, ANSA, AFP) - El Congreso brasileño acordó ayer someter a juicio político a 17 diputados acusados de corrupción, mientras el partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se esforzaba para defender al titular de la Cámara baja, un fiel aliado del gobierno.
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La situación de 17 diputados que recibieron dinero en forma irregular del Partido de los Trabajadores (PT) fue analizada por la mesa directiva de la Cámara baja, que por unanimidad decidió procesarlos a los fines de su destitución.
La lista inicial tenía 19 diputados, pero dos de ellos dimitieron antes de que empezara el proceso para preservar sus derechos políticos.
Quienes sean destituidos quedarán inhabilitados por ocho años. Los 17 que restan -entre los que se cuenta José Dirceu, ex mano derecha de Lulapodrán salvar su pellejo si renuncian antes de que hoy comience formalmente el proceso.
• Vínculos
Estos diputados, pertenecientes a seis partidos, de los cuales sólo uno no integra la coalición de gobierno, han sido vinculados al publicista Marcos Valério, un interlocutor oficioso de los turbios asuntos financieros en que se involucró el PT. De las cuentas de éste salieron millonarias sumas, aún no precisadas, que fueron entregadas a políticos para financiar sus actividades y deudas de campaña, según el PT, o a modo de soborno para votar en favor del gobierno, según sostiene la oposición.
La decisión de enjuiciar a esos legisladores fue tomada un día antes de que el pleno de la Cámara baja se reúna para votar por la destitución del diputado Roberto Jefferson, el primero en denunciar la supuesta existencia de sobornos en el Parlamento y, a la vez, autor confeso de delitos electorales.
Al tiempo que se discutía esa posible destitución en masa, cinco partidos opositores, con apoyo de 20 de los 90 diputados del PT, pidieron formalmente el inicio de un juicio con fines de pérdida de mandato contra el diputado Severino Cavalcanti, presidente de la Cámara baja. El ultraconservador Cavalcanti, un influyente pilar del gobierno en el Congreso, fue acusado de extorsionar al concesionario del restorán de la Cámara de Diputados a fin de renovarle su contrato.
Cavalcanti ha negado tajantemente su responsabilidad, pero su situación empeoró cuando la Policía dijo que existen «muy fuertes indicios» de corrupción en su contra.
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