Cómo se hará la reforma que jaquea al gobierno de Lula

San Pablo (enviado especial) -De aquí a mediados de año, Ricardo Berzoini será uno de los hombres de los que más se hablará en Brasil. Es el ministro de Previsión Social, el funcionario del que depende el proyecto clave del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva: la reforma del sistema de jubilaciones, que este año generará un déficit de casi 20.000 millones de dólares al Estado y que para los próximos muestra una trayectoria explosiva. A juicio de todos los analistas, ese plan -muy sensible, ya que apunta básicamente a desarticular privilegios notables otorgados a los empleados del sector público, una de las principales bases de apoyo del gobernante Partido de los Trabajadores-definirá en buena medida la suerte del proyecto político de Lula. En una entrevista exclusiva con Ambito Financiero, Berzoini -máximo referente del ala más moderada del PT, que controla 13% de los cargos partidarios-se refirió al significado de la cumbre del último fin de semana como un gesto de autoridad definitivo ante cualquier disidencia y anticipó los detalles de la reforma económica más esperada del actual gobierno. Afirmó que ésta será enviada al Congreso a fines del mes que viene y que -espera-será aprobada «en tres o cuatro meses». Según reveló, la misma apunta a aliviar el déficit del sistema a largo plazo ya que, como ha ocurrido tantas veces en la Argentina, la gran limitación radica en la doctrina de los «derechos adquiridos». Así, Berzoini prevé que en el primer año de vigencia de la reforma, la reducción del déficit será de 1.000 millones de reales (290 millones de dólares), una cifra en principio modesta que llegará a lo largo de 30 años a 52.000 millones de reales (15.000 millones de dólares al cambio actual). A continuación, los principales tramos de la entrevista:

Periodista: ¿Cuál es el sentido de la reunión del directorio nacional del PT en relación con las polémicas internas que agitan al partido?

Ricardo Berzoini: Se trata de reafirmar que quienes no están de acuerdo con la línea del gobierno pueden decirlo públicamente, porque ése es su derecho de libre expresión. Pero al mismo tiempo que ellos deben respetar a las personas que tienen la responsabilidad de gobernar y que a la hora de votar, el estatuto del PT es claro: el que vota es el partido, no los legisladores. No pueden votar en contra.

P.: Por ahora, la anunciada alianza de gobierno con el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, centrista, el segundo más fuerte en el Congreso) se ha visto demorada. ¿La reforma previsional no corre peligro sin ese acuerdo?

R.B.: No; puede salir sólo con la alianza que ya se ha generado en el Congreso. Pero es cierto que en otros temas será importante incluir al PMDB en la base del gobierno. Esta reunión del directorio del PT dejará claro que no se puede paralizar al gobierno obligándolo a consultar cada decisión. El partido debe tener una vida normal, pero eso es diferente de pretender una consulta permanente. El PT respeta a los movimientos sociales, pero no es un movimiento social: es un partido de gobierno.

P.: ¿Cuáles son los principales lineamientos de la reforma previsional para los empleados del sector público?

R.B.: Buscaremos un sistema que imponga un techo a las jubilaciones que se pagan en el régimen de reparto.A partir de ese tope, regirá un sistema de capitalización (N. de la R.: quienes quieran jubilarse con una suma mayor, podrán hacer aportes extra a un fondo), tal como ya ocurre en algunas dependencias como en el Banco do Brasil o Petrobrás.

•Capitalización

P.: ¿Cuál será ese tope a las jubilaciones?

R.B.: Será de 1.561 reales (452 dólares). Pero tal vez se lo podría subir un poco en la medida en que mejore la recaudación.

P.: ¿Cuando habla de un régimen de capitalización se refiere a administradoras de fondos privadas como hay en la Argentina o Chile o ese esquema se dará también en el marco de una administración estatal?

R.B.: Esos fondos serán administrados por el Estado y por los empleados públicos. En Brasil hay casi 100.000 trabajadores federales, 1,5 millón de empleados de los estados y otro tanto de los municipios. Ir directamente a un régimen previsional de capitalización sería mucho más caro, generaría un fuerte déficit. Por eso lo que buscamos es cambiar las reglas de acceso a los beneficios para mejorar el flujo de financiamiento del sistema de aquí a 30 años. Hoy el gobierno federal paga 34.000 millones de reales (9.850 millones de dólares) por año mientras que recauda sólo 4.000 millones (1.160 millones de dólares). Se trata de un desequilibrio demasiado importante para un país como Brasil.

P.: En su momento se habló de la posibilidad de gravar las jubilaciones de modo que los beneficiarios contribuyan al mantenimiento del sistema igual que los empleados en actividad. ¿En qué quedó esa idea?

R.B.: Las personas que se jubilen a partir de la reforma deberán contribuir con 11%, tal como ocurre con los empleados en actividad. Hoy esas personas, al jubilarse, cobran 100% del salario bruto que percibían en actividad. De ahora en más, seguirán cobrando el salario neto. Los gobernadores con los que hablé quieren que ese aporte también se aplique a los actuales jubilados, pero yo creo que eso generaría un rechazo del Tribunal Supremo.

P.: ¿Y el techo a las jubilaciones del que habló también se impondrá sólo a los nuevos jubilados?

R.B.: Sí. Tenemos el problema de los derechos adquiridos. Buscaremos respetarlos, pero con la concepción predominante en el derecho brasileño, que los reconoce cuando están consumados y no mientras están en proceso de creación.

P.: ¿Los militares finalmente mantendrán un régimen propio o serán incluidos en el general?

R.B.: El de los militares es el sistema más desequilibrado de todos: hoy se autofinancia en sólo 25%. Estamos discutiendo con ellos fórmulas para resolver la cuestión. Pero si no hay un acuerdo, obviamente haremos nuestra propia propuesta a fines de abril.

P.: ¿Subirán las edades mínimas para que se jubilen los empleados públicos?

R.B.: Eso aún no está cerrado, pero lo que se ha planteado es que sea de 60 años para los hombres y de 55 para las mujeres.Algunos han pedido que las condiciones se equiparen para ambos sexos; yo acepto pelearme con los militares, pero no con las mujeres.