Crece el desafío y Santa Cruz impone su propio legislativo
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Las tres normas están referidas a la instalación de un diálogo departamental (para definir un salario mínimo local de 1.000 bolivianos, equivalente a unos 136 dólares, casi el doble del que fija el gobierno central), la transparencia y el acceso a la información pública y la conformación de un consejo económico y social.
Costas anunció que convocará en un plazo de 90 días a nuevas elecciones regionales para elegir por voto popular a los 28 miembros del órgano deliberativo, un proceso que irá a la par de los referendos revocatorios de mandatos del presidente, vicepresidente y nueve prefectos el 10 de agosto próximo.
La primera sesión de la Asamblea Legislativa motivó el furibundo rechazo del gobierno y del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), que señaló que todos esos actos son ilegales.
«Ellos podrán llamarse como quieran; la Constitución es lo que se cumplirá y se respetará; lo demás son añadidos simbólicos que no tienen ningún efecto legal», afirmó el vicepresidente Alvaro García Linera.
«Lo que corresponde en este caso es someterlos a juicio penal por sedición», afirmó por su lado el influyente senador del MAS, Antonio Peredo, hermano de un lugarteniente del argentino-cubano Ernesto Che Guevara, en la guerrilla en Bolivia en 1967. Para Peredo, los procesos de sedición deben ser iniciados por el gobierno.
Santa Cruz, la región más rica de Bolivia que aporta cerca de 30% del PBI boliviano, comanda la formación de gobiernos autónomos, junto con Beni, Pando y Tarija, quienes también intentarán aprobar sus estatutos en referendos populares.
Beni y Pando tienen previstos sus plebiscitos el 1 de junio y Tarija, la región que concentra las principales reservas de gas del país, el 22 del mismo mes.
El presidente Morales intenta frenar sin resultados esas consultas y llamó a un diálogo con otros cinco prefectos para buscar un gran acuerdo nacional sobre los temas que dividen al país.
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