27 de octubre 2003 - 00:00

Dimiten dos ministros de la Corte Suprema de Justicia paraguaya

Dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay renunciaron hoy a sus cargos, tres días después de que el Gobierno y la oposición acordaran iniciarles un juicio político junto a otros cuatro miembros del máximo tribunal.

Los ministros Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada presentaron su renuncia en sendas cartas enviadas al presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli.

"Un acuerdo político determina que los presidentes de los partidos políticos han decidido el juicio político de seis ministros. En otras declaraciones muy reiteradas han dicho que el objetivo era destituirnos; por lo tanto no existe ninguna seguridad de que nos den realmente las garantías", afirmó Raúl Sapena Brugada.

"En estas circunstancias cualquier defensa que esgrima será inútil", subrayó el ministro de la Corte Suprema.

Brugada explicó que dimitió por "razones de ética", mientras que Irala Burgos hizo saber a través de un emisario que acercó la nota a la sede del Senado que su alejamiento "es estrictamente personal" e "independiente a cualquier acuerdo político".

Brugada, que accedió al cargo en 1995, pertenece al gobernante Partido Colorado, en el poder desde 1947, mientras que Irala Burgos, el más antiguo de los nueve miembros, asumió en 1989 y pertenece a una minoritaria organización democristiana.

El alejamiento de ambos abre las vacantes en el máximo tribunal del país y reduce a cuatro los ministros señalados para su enjuiciamiento a través de un libelo acusatorio que será presentado en la Cámara de Diputados.

Según el acuerdo cerrado el pasado día 24, la acusación alcanzará a Carlos Fernández Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Ríos Avalos y Luis Lezcano Claude, aunque no se descartan nuevas dimisiones.

Wildo Rienzi, Antonio Fretes y Víctor Núñez quedaron fuera de la lista de los ministros cuestionados.

Desde su asunción al cargo, el 15 de agosto pasado, el jefe de Estado, Nicanor Duarte, ha emprendido una campaña para renovar el máximo tribunal, algunos de cuyos miembros fueron salpicados por escándalos de corrupción y tráfico de influencia.
 

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