La CIDH inicia una visita a Ecuador por la crisis carcelaria

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El gobierno de Lasso buscará mecanismos de cooperación técnica para superar la emergencia, que lo llevó a declarar el estado de excepción.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este miércoles una visita a Ecuador para analizar la situación carcelaria del país, donde más de 300 presos han muerto en lo que va del año, informó la Cancillería.

El canciller Mauricio Montalvo y la secretaria de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez "reciben a misión de CIDH que visita el Ecuador, con el objetivo de evaluar la situación carcelaria e identificar mecanismos de cooperación técnica", señaló la cartera en su cuenta de Twitter.

La visita se extenderá hasta el viernes e incluye un recorrido por cuatro cárceles de las ciudades de Quito, Guayaquil y Latacunga.

Está previsto que la delegación, encabezada por Stuardo Ralon, relator para personas privadas de libertad del organismo, se reúna con el presidente Guillermo Lasso, así como con sobrevivientes de las masacres carcelarias y sus familiares.

"Escucharemos a víctimas, defensoras y a autoridades", escribió Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH y parte de la delegación, en la misma red social.

La CIDH anunció su visita a Ecuador tras la última matanza en la penitenciaría Guayas 1, donde 62 personas fallecieron cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes.

En esa misma cárcel, el 29 de septiembre, 119 presos murieron en otro enfrentamiento. Esa masacre es considerada la peor de Ecuador y una de las más grandes en América Latina.

Ecuador enfrenta un problema de violencia y una sobrepoblación del 30% en las cárceles del país. Las prisiones tienen capacidad para unas 30.000 personas. Sin embargo, en ellas habitan unos 39.000 presos, 15.000 de ellos sin una sentencia.

El lunes el gobierno extendió por otros 30 días el estado de excepción dentro del sistema penitenciario, lo que le permite movilizar a la Policía y Fuerzas Armadas para reforzar el control en los centros carcelarios.

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