EEUU apoyó el pedido de la Argentina de reconsiderar la condena a muerte de un cordobés

El Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos recomendó a la Justicia de su país hacer lugar a un pedido de las autoridades argentinas para poder presentar evidencias que ayuden a mejorar la situación legal de Víctor Saldaño, condenado a muerte en el estado de Texas.

El Gobierno argentino podrá aportar pruebas orientadas a lograr una resolución favorable a la solicitud de hábeas corpus en el caso del cordobés, quien es el único argentino condenado a muerte en el mundo.

La decisión del Departamento de Estado de apoyar que se le conceda a las autoridades argentinas una audiencia en la Justicia es la segunda que realiza -el anterior caso fue el de un ciudadano mexicano-.

La recomendación del Departamento de Estado fue informada al canciller Jorge Taiana por la embajadora en Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez.

"El apoyo de Estados Unidos es un reconocimiento a todo el trabajo que desplegó el Gobierno tanto a nivel del canciller Jorge Taiana como del embajador argentino en Washington, Héctor Timerman, y también de las autoridades del consulado en Houston", se informó oficialmente.

En la carta dirigida al Juez Shell, firmada por un asesor legal del Departamento de Estado, Harold Koh, se explica que se está ante "una posibilidad de demostrar a los demás estados y a las Naciones Unidas que EE.UU toman todos los pasos necesarios en respuesta a los reclamos de violación de derechos humanos".

Asimismo, pide que la carta que escribe y una copia de la presentación de Estados Unidos a la CIDH "sea incluida dentro de la documentación legal a consideración de la Corte".

Koh también dejó sentado por escrito en su misiva a la justicia que "el Gobierno argentino, país democrático y aliado cercano, tiene mucho interés en la resolución de la causa y ha seguido de cerca la evolución de su proceso legal desde el comienzo y ha presentado un Amicus ante la Corte Suprema de los EE.UU en el 2007".

La Argentina se presenta como Amicus Curiae (amigo de la corte) ante la CIDH, sin ser parte, en apoyo de la gestión legal impulsada por Jonathan Miller South, profesor de la Southwestern Law School, y el diputado nacional Juan Carlos Vega.

En el mismo sentido, Argentina apoyó la gestión iniciada por la defensa de Saldaño y pidió ante la CIDH para que apele al juez federal a fin de que conceda en el caso una audiencia para la presentación de evidencia.

Víctor Saldaño fue condenado a muerte en julio de 1996, acusado de homicidio, mientras que en mayo de 2000 el Procurador General de Texas, reconoció que la sentencia fue errónea por estar basada en un concepto racista.

Por esa razón, en junio de ese mismo año, se revocó la condena a muerte, pero en 2001 la legislatura de Texas aprobó una reforma al código de procedimientos penales del Estado, y determinó que no se podrán presentar argumentos respecto a la raza o etnia de un acusado como evidencia de ser más propenso a una conducta criminal. A esa reforma se le llamó Ley Saldaño.

Sin embargo, en el 2006 se inició un nuevo juicio y en noviembre de ese año lo volvieron a condenar a muerte.