EEUU: aprueban polémica ley sobre interrogatorios más duros a terroristas

El Senado de EEUU aprobó hoy una ley que establece los parámetros para el trato de presuntos terroristas y los tribunales militares para juzgarlos, a seis semanas de los comicios en los que los partidos se juegan el control del Congreso.

La medida, aprobada por 65 votos a favor y 34 en contra, es similar a la que aprobó la Cámara de Representantes el miércoles, con 253 votos a favor y 168 en contra, en medio de agrias disputas sobre los derechos de los detenidos.

Tras la aprobación en ambas cámaras, el presidente de EEUU, George W. Bush, tiene previsto firmar la ley mañana mismo.

"Necesitamos esta herramienta en la lucha contra el terrorismo (...) necesitamos mantenernos en la ofensiva contra las amenazas que surjan. Este es otro ataque ofensivo contra el terrorismo", argumentó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist.

Frist señaló que no ha habido otro ataque en suelo estadounidense precisamente porque Estados Unidos se ha mantenido a la ofensiva en la lucha antiterrorista.

Pero la mayoría de los demócratas opinó que con esta medida la Administración Bush no tendrá que rendir cuentas por abusos a los prisioneros, violaciones a las leyes estadounidenses y el uso de tácticas que mancillaron la imagen de EEUU en el mundo.

"No hay desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre la necesidad de llevar (a los terroristas) ante la Justicia.

Todos queremos asegurarnos de que el presidente tiene las herramientas que necesita para cumplir esa meta" pero esta ley no es la más adecuada y será rechazada por los tribunales, argumentó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid.

Reid criticó el rechazo de los republicanos a las cinco enmiendas debatidas hoy, entre ellas la del senador republicano Arlen Specter, que restablecía el derecho de los detenidos a impugnar su detención en tribunales estadounidenses.

Specter, presidente del Comité Judicial del Senado, alegó que su enmienda sobre el "habeas corpus" -el instrumento legal que puede utilizar un detenido para que se resuelva su caso ante un juez-, es un derecho fundamental de todo acusado.

Pero otros republicanos, entre ellos Lindsey Graham, replicaron que los terroristas no merecen el derecho a apelar su detención y que esa enmienda afectaría la lucha antiterrorista.

Las restantes enmiendas fueron propuestas por los demócratas y, entre otras cosas, establecían una mayor supervisión del Congreso de los programas de la CIA e imponían un plazo de cinco años para los tribunales militares.

Todas fueron rechazadas.

Punto por punto, Reid destacó lo que consideró como debilidades de la ley y añadió que, cinco años después de los atentados del 2001, el arquitecto de esos ataques, Osama Bin Laden, sigue prófugo de la Justicia.

El Legislativo intervino después de que el Tribunal Supremo determinase en junio pasado que los tribunales militares establecidos por el Pentágono violaban la Constitución y el derecho internacional.

La medida -que los republicanos piensan utilizar para buscar su reelección en noviembre- será promulgada por el presidente George W. Bush, posiblemente mañana mismo en una ceremonia que, según fuentes legislativas, estará rodeada de gran pompa.    

El proyecto de ley es pieza clave del programa de seguridad nacional que los republicanos pretenden destacar de cara a los comicios legislativos del próximo 7 de noviembre, en una clara politización del asunto.

De hecho, durante el debate en la Cámara Baja, el presidente de esta institución, el republicano Dennis Hastert, enfatizó que los que votaron en contra de la medida, -160 demócratas, siete republicanos y un independiente- daban "un voto a favor de más derechos para los terroristas".

La oposición demócrata ha insistido en que no se trata de tener afinidad con los terroristas ni de darles amparo sino de lograr una ley con apego al derecho internacional.

Los demócratas, que quieren recuperar el control del Congreso, afrontan una batalla cuesta arriba para demostrar que, contrario a lo que dicen sus rivales, ellos no son débiles en asuntos de seguridad nacional.

La aprobación de la ley ha sido muy criticada por las organizaciones en defensa de los derechos civiles.

La principal de ellas en EEUU, ACLU, afirmó que "concede al presidente nuevos poderes sin control para detener, abusar y juzgar a gente".