Washington (EFE) - La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó ayer que los inmigrantes que cometan delitos en ese país pueden quedar detenidos de forma indefinida, aunque hayan cumplido su sentencia de prisión, hasta tanto sean deportados.
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Los cinco magistrados más conservadores de la Corte Suprema rechazaron una apelación a una ley promulgada en 1996 que sirvió también para que el gobierno mantenga bajo custodia a personas supuestamente vinculadas a actividades terroristas.
Los cuatro magistrados más liberales replicaron que la ley brinda al gobierno un instrumento con el cual puede detener a ciudadanos extranjeros aunque no haya ninguna otra razón para su reclusión, dentro de un proceso en el cual las personas no tienen mecanismos de defensa.
El presidente del tribunal, William Rehnquist, quien redactó el dictamen de la mayoría, señaló que, en el uso de sus atribuciones para legislar sobre inmigración, a veces el Congreso hace leyes «que serían inaceptables si se aplicaran a los ciudadanos» estadounidenses.
El Departamento de Justicia informó que, desde que la ley entró en vigencia, más de 75.000 extranjeros que habían cometido delitos en los EE.UU. permanecieron detenidos. Cada semana se inician cientos de trámites de deportación.
La novedad de la legislación de 1996 fue que amplió la lista de delitos que pueden conducir a la deportación, después que el convicto cumpla su sentencia de prisión.
La ley prohibió la liberación de los inmigrantes mientras dure el trámite de deportación, un proceso que puede llevar meses y aun años.
El caso de esta apelación fue presentado por Hyung Joon Kim, nacido en Corea del Sur, quien llegó a los Estados Unidos a los seis años, en 1984. En 1986, Hyung obtuvo su residencia legal en el país. En 1996 fue condenado por ingreso ilegal en propiedad privada, y en 1997, por un robo menor. Un día después que Hyung salió de la cárcel fue detenido por agentes de inmigración. Después de más de tres meses bajo custodia, sin fianza, Hyung presentó en 1990 un pedido de «hábeas corpus» argumentando que la cláusula de la ley, que estipula que el hecho de que no hubiera fianza, violaba sus derechos constitucionales, lo que fue aceptado por un juez federal.
Después de que el gobierno rechazó ese fallo, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que debía haber una audiencia de fianza para determinar si un inmigrante detenido que fuera dejado en libertad es un peligro para la sociedad.
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