El Gobierno de Chávez ordenó detener al presidente de un canal de TV opositor
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Guillermo Zuloaga
"Es un atropello más (...) No tengo intenciones de irme de Venezuela ni ahora ni más adelante", declaró Zuloaga.
Los delitos por los que se señala al empresario conllevan penas de entre 3 meses y 5 años de cárcel.
Las reacciones a su detención no se hicieron esperar dentro y fuera de Venezuela.
"El gobierno está mandando un mensaje y es que no podemos opinar, que nos autocensuremos", declaró en un comunicado el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT).
Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la "falta de independencia" del poder judicial en Venezuela, lo cual implica que "se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos"
Además de Zuloaga, el lunes fue detenido el dirigente opositor Oswaldo Alvarez Paz, acusado de conspiración y difusión de información falsa por unas declaraciones realizadas en televisión.
Tanto en el caso de Alvarez Paz como en el de Zuloaga, la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por el oficialismo, solicitó a la justicia que investigaran las declaraciones de ambos.
Zuloaga "hizo una serie de afirmaciones sobre el presidente Chávez (...) y la Asamblea estableció que esto era una falta de respeto contra la más alta autoridad venezolana y pidió una investigación", explicó la fiscal general.
En la misma línea, el diputado oficialista Manuel Villalba recalcó que "no se puede permitir que personas valiéndose de su condicion económica (...) vilipendien, ofendan o instigan a delinquir y a crear zozobra".
Sin embargo la organización Human Rights Watch consideró en un comunicado que con estas detenciones Venezuela entra "en un periodo más oscuro" y subrayó que "procesar a alguien por expresarse es un precedente peligroso".
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió a las autoridades venezolanas la liberación de Zuloaga, preocupado por "las repercusiones políticas" de esta situación.
En 2009, el presidente de Globovisión fue imputado por el delito de "usura continuada" debido a un supuesto almacenamiento irregular de 24 vehículos nuevos, pertenecientes a dos concesionarios de su propiedad.
Globovisión, al que Chávez ha llamado "terrorista mediático", tiene abiertas numerosas causas administrativas en su contra y ha sido amenazada de cierre en numerosas ocasiones.
La televisora sostiene que estas repetidas acciones en su contra tienen un cariz político.


