El hispano convertido en amigo del presidente

Washington - Alberto Gonzales, conocido por los críticos como el «sí señor» del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dejó su cargo salpicado de escándalos que no le impidieron vivir, según aseguró, «el sueño americano».

«He vivido el sueño americano», señaló tras anunciar su dimisión, para añadir que incluso sus peores días como secretario de Justicia «han sido mejores que los mejores días» de su padre.

Sus progenitores, María y Pablo, se conocieron en San Antonio (Texas) como trabajadores emigrantes en las plantaciones de algodón. Se casaron en 1952 y crearon una familia. Gonzales nació tres años después, el segundo de ocho hijos. La familia se trasladó a Humble, en el área metropolitana de Houston, unos años más tarde, donde Pablo Gonzales empezó a trabajar en la construcción y en un molino de arroz.

Desde ahí, y gracias a una dedicación e inteligencia que le permitieron brillar como estudiante, Alberto comenzó una escalada que lo llevó primero a la Universidad Rice (Houston), después a la Universidad de Harvard (Boston) y posteriormente a Vinson and Elkins, una influyente firma de abogados en Houston.

El aterrizaje de Bush en la Casa Blanca en 2001 dio el empuje definitivo a Gonzales, quien se convirtió en asesor legal del presidente y en el primer hispano que lograba trepar hasta las esferas más altas del poder.

«¿Qué harían diferente a partir de hoy, de este mismo momento, si supieran que un día se harían amigos del presidente?», preguntó entonces Gonzales a los recién licenciados. No se sabe qué habría hecho Gonzales distinto si hubiera sabido en quién se convertiría, pero lo que de hecho hizo durante sus años de amistad con Bush fue demostrar una lealtad sin fisuras.

El abogado texano de 52 años jugó un papel clave en las opiniones legales sobre el trato a los prisioneros capturados en Irak y en Afganistán, y en el debate dentro de la Casa Blanca sobre los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo.

Protestas

La controversia en torno a su persona comenzó a caldearse tras un informe de agosto de 2002 aprobado por él en el que se señalaba que, según las leyes estadounidenses y los acuerdos internacionales, sólo estaban prohibidos los tipos de tortura más severos. El informe fue retirado y revisado tras las protestas de grupos de defensa de los derechos humanos.

Similares críticas atrajo otro memorando de enero de 2002, en el que se afirmaba que la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra se quedaba «obsoleta» en la conocida como «guerra global contra el terrorismo».

Pero la gota que colmó el vaso, y puso en pie de guerra a sus propios correligionarios republicanos fue el despido de ocho fiscales federales en diciembre de 2006, que según los demócratas obedeció a motivos políticos.

El contencioso provocó el testimonio de Gonzales en abril de este año ante el Congreso, una embarazosa comparecencia durante la que el secretario de Justicia dijo en 71 ocasiones no acordarse de acontecimientos relacionados con la polémica de los fiscales. Bush se mantuvo a su lado en medio de la tormenta, pero no logró salvarle la cabeza ante la explícita falta de confianza de republicanos y demócratas en su liderazgo.