El PT, más cerca de echar a sus ultras

San Pablo (AFP, ANSA, O Estado de S. Paulo) - La Dirección del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva impuso ayer disciplina a sus legisladores al acordar la obligatoriedad del voto positivo a las reformas previsional y tributaria del gobierno. De esta manera, la dirección partidaria puso al borde de la expulsión a los diputados y senadores propios que se niegan a respaldar en el Congreso ambos proyectos.

La vuelta de tuerca sobre los rebeldes se conoció en momentos en que los gremios de empleados públicos nacionales ratificaron la continuación de su huelga por tiempo indeterminado iniciada el martes reclamando el retiro total del proyecto oficial que recorta sus jubilaciones.

Con todo, en el encuentro no se consiguió consenso para definir cuestiones clave, como defendía su presidente, José Genoino, estableciendo por ejemplo un límite de 2.400 reales (unos 800 dólares) para las pensiones y eliminando así las exorbitantes sumas cobradas por algunos funcionarios.

Tras una reunión de dos días en San Pablo y por 52 votos contra 26, con 4 abstenciones, la cúpula del PT decidió que todos sus diputados y senadores deberán votar en favor del proyecto que reforma el sistema de jubilaciones y pensiones y que no podrán escudarse en el artículo del estatuto partidario admite las llamadas «objeciones de conciencia».

«Como la reforma previsional involucra sólo cuestiones de naturaleza política y técnica, el Directorio Nacional del Partido resolvió que ningún parlamentario puede alegar razones del fuero íntimo para votar en contra de ese proyecto o abstenerse», señaló Genoino.

Pero los legisladores que pertenecen a los sectores de izquierda del PT criticaron de la cúpula partidaria, que está en manos de los sectores moderados liderados por Lula. «Eso se transformó en un régimen de facto. Es una aberración, porque se resolvió que todos tenemos que apoyar un proyecto cuyo contenido ha cambiado tanto en los últimos días que nadie, ni el gobierno, sabe de qué se trata», dijo la senadora Heloísa Helena.

•Procesamiento

Helena -que ha sido apartada de la bancada petista de senadores-y tres diputados del «ala izquierda» del PT están siendo procesados por la Comisión de Etica del oficialismo por sus críticas a la política económica del gobierno y al proyecto de reforma previsional.

Según Genoino, los legisladores que no respalden el proyecto oficial podrán ser expulsados del PT. Entre quienes votaron en contra de la resolución partidaria, figuró el ministro de las Ciudades, Olívio Dutra.

En realidad, el contenido del proyecto de reforma previsional será definido recién mañana, durante una reunión cumbre entre funcionarios, parlamentarios y gobernadores.

Es que durante la última semana hubo varias modificaciones en el proyecto original de Lula, que había sido acordado con los 27 gobernadores provinciales, debido a la presión conjunta de los miembros del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) y la huelga de los estatales. Por ejemplo, el proyecto de Lula ya no establece un tope o «techo» de 830 dólares para las jubilaciones de los estatales y permite el traslado automático de los aumentos salariales al valor de las jubilaciones.

Pero frente a las críticas de los gobernadores y el malestar del ministro de Economía, Antonio Palocci, ahora el gobierno quiere limitar estas concesiones a los empleados actuales del sector público. De acuerdo con Genoino, esas concesiones no deben favorecer a los empleados públicos contratados luego de la aprobación de la reforma.

El titular del Supremo Tribunal Federal, Maurício Correa, señaló que el acuerdo enhebrado el lunes pasado con el presidente se refiere tanto a los actuales como a los nuevos empleados estatales. El STF había amenazado públicamente con descalificar la reforma inicialmente presentada en base a la doctrina de los derechos adquiridos.

«Para eso se aumenta la edad del retiro. Mantener la llamada jubilación integral, equivalente al último sueldo recibido, sin tope, es la única manera de preservar la carrera judicial», argumentó Correa. «Estos cambios no le costarán nada al erario porque aumentan los años que los funcionarios deben permanecer en el Estado antes de jubilarse», agregó.

El objetivo del gobierno con esta reforma es enfrentar un crónico déficit que este año llegaría a 18.300 millones de dólares.