La disputa entre Estados Unidos y China por la presencia tecnológica de Beijing en América Latina está revelando una transformación de la política hemisférica de Washington. Ya no se trata solamente de impedir que una potencia extranjera instale bases militares, controle territorios o adquiera activos estratégicos. El nuevo campo de competencia incluye las telecomunicaciones, los centros de datos, la inteligencia artificial, los sistemas de vigilancia y la infraestructura digital que sostiene sectores críticos de las economías latinoamericanas.
El regreso de la doctrina Monroe: la nueva batalla por el poder tecnológico
La disputa por Huawei en Vaca Muerta es apenas una muestra de una competencia mucho mayor. Washington vuelve a mirar el hemisferio como un espacio de competencia estratégica, mientras Beijing profundiza allí su presencia económica y digital. Entre ambos, América Latina enfrenta una nueva puja por sus márgenes de autonomía.
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Estados Unidos y China trasladan su competencia estratégica al terreno tecnológico en América Latina.
La Doctrina Monroe está adquiriendo una dimensión tecnológica porque también cambió la naturaleza del poder. En el siglo XIX, la influencia de una potencia se medía principalmente por su capacidad para ocupar territorios, controlar puertos o desplegar fuerzas. Hoy puede construirse también desde una red de fibra óptica, un centro de datos o un sistema capaz de administrar información crítica. La competencia por el hemisferio empieza así a librarse en un territorio menos visible, pero no por eso menos decisivo.
La señal más clara apareció en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de noviembre de 2025. El documento incorporó explícitamente un “Corolario Trump” y planteó la necesidad de “reafirmar y hacer cumplir” la Doctrina Monroe, impidiendo que competidores externos controlen activos estratégicamente vitales dentro del hemisferio. La formulación muestra que Washington está adaptando una doctrina concebida hace dos siglos a una época en la que el poder ya no depende únicamente del control físico del territorio: importa también quién construye las redes, fija los estándares y genera dependencias tecnológicas.
En 1823, James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, formuló la doctrina frente a la posibilidad de nuevas intervenciones y proyectos coloniales de las potencias europeas en el continente. Durante el siglo XX, esa misma lógica de exclusión de potencias extrarregionales se proyectó sobre la expansión soviética y alcanzó una de sus expresiones más intensas durante la Guerra Fría, especialmente en Cuba y Centroamérica.
China y la nueva disputa por el poder tecnológico en América Latina
Hoy el escenario es diferente. China no necesita desplegar tropas para ampliar su influencia en América Latina. Durante las últimas décadas construyó una relación económica profunda con la región mediante comercio, inversiones, financiamiento e infraestructura. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones latinoamericanas hacia China crecieron 25 por ciento interanual y las importaciones desde ese país, 29 por ciento, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial regional, China lidera en buena parte de Sudamérica.
La dimensión tecnológica es la siguiente etapa de esa expansión. Empresas chinas participan en telecomunicaciones, energía, infraestructura digital y, cada vez más, inteligencia artificial. La disputa por ese espacio ya comienza a reflejarse en las decisiones de los propios gobiernos latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil anunció una inversión de unos US$444 millones en infraestructura de inteligencia artificial y decidió distribuirla entre empresas chinas y estadounidenses. En lugar de elegir entre los dos polos, busca aprovechar su competencia para desarrollar capacidades propias.
El territorio estratégico ya no se define únicamente por las fronteras físicas de un Estado. También comprende las redes que permiten que funcione. Una infraestructura digital puede transportar información, administrar servicios públicos, conectar empresas y sostener sistemas energéticos. Quien participa en esas redes no necesita controlar físicamente un territorio para adquirir capacidad de influencia sobre él.
Eso permite comprender el conflicto que se desató en Neuquén en torno a Huawei. La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) es la principal distribuidora eléctrica de la ciudad y desarrolla además servicios de fibra óptica y conectividad. Su proyecto de modernización incluye redes eléctricas inteligentes, sistemas de monitoreo y un centro de datos. La cuestión adquirió una dimensión adicional porque Neuquén es el centro de Vaca Muerta, cuyo crecimiento está multiplicando las necesidades de energía, conectividad e infraestructura tecnológica.
Con ese objetivo, en abril una delegación de CALF viajó a China y visitó la sede de Huawei en Shenzhen para conocer soluciones aplicables a la modernización de sus redes eléctricas y de telecomunicaciones. Fundada en esa ciudad en 1987, Huawei es una de las mayores empresas mundiales de infraestructura tecnológica y tiene presencia en más de 170 países.
Washington reaccionó. El embajador en Argentina, Peter Lamelas, sostuvo que las empresas sometidas a las leyes chinas de inteligencia y seguridad pueden estar obligadas a entregar información al Estado y presionó para que CALF considerara proveedores tecnológicos estadounidenses. Además, desde la cooperativa denunciaron que sus directivos habían recibido planteos sobre posibles restricciones de visas.
Pero el conflicto dejó de ser argentino cuando Washington extendió hace unos días, la advertencia al conjunto de América Latina. El recientemente designado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI como proveedores de tecnologías de alto riesgo y exhortó a los socios estadounidenses de la región a sustituirlos rápidamente por proveedores considerados confiables.
La posición estadounidense tiene una base de seguridad que no puede descartarse. La estrecha relación entre el Estado chino, el Partido Comunista y las empresas tecnológicas plantea interrogantes sobre el acceso a datos, la seguridad de las redes y la posibilidad de interferencias estatales. Pero esa preocupación convive con un objetivo geopolítico más amplio: evitar que China consolide posiciones tecnológicas capaces de modificar el equilibrio de poder en un hemisferio que Washington pretende volver a colocar bajo su primacía.
Beijing entiende perfectamente esa disputa. El vocero de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, acusó a Estados Unidos de ejercer “acoso tecnológico” y exigió que dejara de interferir en el derecho de los países latinoamericanos a elegir libremente sus socios. China busca así trasladar la discusión desde la seguridad tecnológica hacia la soberanía política: si Washington puede determinar qué empresas son aceptables dentro de América Latina, entonces también está delimitando qué decisiones económicas pueden tomar los Estados.
Como se ha afirmado, las preocupaciones en materia de seguridad tecnológica son atendibles y además, pueden funcionar como instrumento para limitar la presencia estratégica de China en la región. Ambas dimensiones conviven en la política de Washington. El problema aparece cuando la seguridad se convierte en el argumento para restringir la capacidad de decisión de los propios Estados.
Argentina enfrenta ese dilema con especial intensidad. El gobierno de Javier Milei profundizó su alineamiento con Washington, pero China continúa siendo un socio comercial y financiero difícil de sustituir. La reciente renovación por cinco años del swap de monedas, por unos US$19.000 millones, es una evidencia concreta de que la relación con Beijing permanece vigente.
Lo que está en juego, entonces, excede a Neuquén y a la Argentina. A medida que Washington y Beijing profundicen su competencia por las redes, los datos y la infraestructura tecnológica, América Latina quedará cada vez más expuesta a las presiones de ambos. La disputa alcanzará las decisiones sobre conectividad, energía, inteligencia artificial y sistemas críticos, justamente aquellos sectores en los que la tecnología empieza a convertirse en poder.
La vieja Doctrina Monroe vuelve así al centro de la política hemisférica, aunque el escenario haya cambiado. La competencia por la influencia sobre América Latina empieza a jugarse ahora en la infraestructura digital que sostiene las economías, los servicios y los sectores estratégicos. Allí se definirá cuánto margen tendrán los países de la región para elegir con quién quieren construir su futuro.
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