El Tribunal Supremo de España archivó la tercera causa contra el exjuez Garzón por cohecho

El exjuez Baltasar Garzón.

Cuatro días después de inhabilitarlo, poniendo fin a su carrera judicial, el Tribunal Supremo español archivó la tercera causa abierta en la corte contra el aún juez Baltasar Garzón, lo que supone que, tras dos juicios, no tendrá que sentarse una tercera vez en el banquillo de los acusados.

El magistrado del Supremo que investigaba el llamado "caso de los cobros de Nueva York", Manuel Marchena, tomó esa decisión al considerar que ya ha prescrito el delito de cohecho impropio que se le imputaba, informaron fuentes del tribunal.

Garzón, de 56 años, ya fue juzgado en el Supremo y condenado por prevaricación por las escuchas que ordenó en el marco del "caso Gürtel", la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.

En los próximos días será expulsado oficialmente de la carrera judicial tras esa condena a once años de inhabilitación. Se encuentra además a la espera de veredicto en el segundo juicio, el de su investigación de los crímenes del franquismo.

Con el archivo de la causa de los cobros de Nueva York se cierra el último de los casos que el Supremo abrió contra él, en lo que la izquierda española defensora del magistrado ha denunciado como una persecución al juez que desde el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional persiguió a ETA, al exdictador chileno Augusto Pinochet y a exrrepresores de la dictadura argentina, entre otros.

El "caso de los cobros de Nueva York" se remonta a los años 2005 y 2006, cuando Garzón dirigió unos cursos en la ciudad estadounidense durante un permiso en la Audiencia Nacional.

La acusación pedía para él hasta cinco años de prisión y 30 de inhabilitación, frente a la fiscalía que, también en este caso, aseguraba que no había indicios de que Garzón hubiera cometido delito alguno.

Los querellantes -dos abogados relacionados con Banesto, entidad que tras ser intervenida por el Estado español fue comprada por el Banco Santander en 1994- acusaron a Garzón de cohecho impropio por haber supuestamente utilizado su cargo de juez para pedir y lograr patrocinio de empresas y bancos españoles para esos cursos.

Garzón siempre ha negado haber pedido fondos para patrocinio de esas actividades. También lo acusaron de prevaricación por no haber admitido a trámite en la Audiencia Nacional una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, tras haber obtenido dinero de esa entidad.

El Tribunal Supremo desechó el pasado 27 de enero que Garzón hubiera cometido prevaricación, pero mantuvo la acusación de cohecho impropio contra él y pidió a los querellantes y a la fiscalía que presentaran sus escritos de acusación o sobreseimiento en base a ese delito.

La fiscalía reiteró que no veía indicios de cohecho impropio pero que, en cualquier caso, éste habría ya prescrito, una tesis avalada hoy por el archivo de la causa.

De no haber pasado el tiempo, señaló en su auto el juez Manuel Marchena, instructor del caso, el "desenlace" habría sido "bien distinto al que ha tenido el procedimiento".

Miles de personas protestaron el domingo ante el Tribunal Supremo por la inhabilitación de Garzón. El exjuez, de 56 años, anunció que apelará la sentencia de once años de inhabilitación.