Brasilia - Un director del Ministerio de Salud de Brasil fue despedido ayer del cargo tras de ser acusado por un intermediario de vacunas de AstraZeneca de haber pedido una coima de un dólar por cada dosis, equivalente a 400 millones de dólares. Se trata de la primera víctima política de un escándalo de corrupción creciente y que golpea al presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en su peor momento político y es blanco de pedidos de impeachment.
El Vacunagate acorrala cada vez más a Bolsonaro: revelan pedido de coima de u$s400 millones
Lo denunció un empresario que pretendía intermediar con AstraZeneca. La comisión de investigación del Senado incluyó el tema en su agenda. Este se suma a la acusación vinculada con la adquisición de un inmunizante indio. Piden la apertura de un "súper juicio político".
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MAREA BAJA. Jair Bolsonaro atraviesa el peor momento de su gobierno, con denuncias de corrupción que alimentan las presiones en pos de un impeachment.
Se trata del director de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Dias, quien fue acusado de haber pedido coimas por el representante de la empresa estadounidense Davati Medical Supply en Brasil, Luiz Paulo Dominguetti Pereira.
La denuncia, que fue consignada por Dominguetti al diario Folha de São Paulo y publicada ayer en la tapa de ese influyente medio, se suma a otra sobre la sobrefacturación de un contrato de 300 millones de dólares para la compra de vacunas indias Covaxin.
En ese marco, la oposición (desde la izquierda hasta la derecha), movimientos sociales, sindicatos y entidades profesionales presentaron ayer un “superpedido” de juicio político contra el presidente de Brasil, en base a 23 presuntos delitos. Habilitarlo depende del jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, cercano a Bolsonaro.
Ante la explosiva revelación de Folha, los senadores que integran la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que trata el manejo que el gobierno hizo de la pandemia, aprobaron ayer la convocatoria de Dominguetti Pereira como testigo. Asimismo, decidieron llamar al líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros.
Barros fue intendente de Maringá, estado Paraná, cercano a la frontera con Misiones, y fue tesorero del PP, un partido conservador que es oficialista de todos los gobiernos desde 1994. El PP es el partido más involucrado en la operación Lava Jato y es el corazón del centrão, el bloque que protege desde junio de 2020 a Bolsonaro, quien le entregó parte del gabinete y de la iniciativa política.
En la entrevista con Folha de São Paulo, Dominguetti Pereira dijo que Ferreira Dias “me solicitó un soborno por la compra de vacunas de Oxford producidas por el laboratorio AstraZeneca”. El mismo consistía en un dólar por cada una de las 400 millones de dosis de AstraZeneca ofertadas por Davati Medical Supply.
La propuesta ocurrió durante una cena celebrada el 25 de febrero en un shopping de Brasilia, cuando Brasil se aproximaba a los 300 mil muertos por el nuevo coronavirus y el polémico general en actividad Eduardo Pazuello, un hombre totalmente alineado con Bolsonaro, estaba al frente del Ministerio de Salud.
En esa época el bolsonarismo cambió de postura y dejó de repudiar las vacunas contra el covid-19, en medio del inicio de una letal segunda ola agravada por la variante P1 originada en Manaos.
Fue una “situación muy tenebrosa, muy asquerosa”, resumió Dominguetti Pereira.
“Dias me dijo que sólo podía venderle vacunas al Ministerio apenas de esa forma, pagando un dólar por vacuna”, afirmó.
El ofrecimiento de coima está sustentado también en correos electrónicos que indican que el funcionario despedido pedía a la estructura del Ministerio de Salud acelerar el proceso de compra.
Brasil aplica la vacuna anglo-sueca AstraZeneca, pero por un acuerdo directo para producirla en su laboratorio Fiocruz y no a través de los intermediarios que se acercaron al Ministerio de Salud, cuyas gestiones naufragaron por el pedido de sobornos. Esa compañía negó en un comunicado que use intermediarios para tratar con gobiernos.
Los dichos de ese empresario constituyen una “denuncia fuerte”, declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la CPI. Según analistas, la salida del funcionario no le servirá al Gobierno como un cortafuegos ya que el escándalo está recién en sus fases iniciales.
Al caso de las vacunas de AstraZeneca se suma otro, que llevará al interrogatorio del empresario Francisco Emerson Maximiano, de la firma Precisa Medicamentos, que habría participado en la intermediación de un contrato con el Ministerio de Salud por la venta con un sobreprecio de 20 millones de vacunas indias Covaxin.
El escándalo de la Covaxin, que llevó a la cancelación del contrato firmado, se destapó el viernes cuando el diputado oficialista Ricardo Miranda denunció ante la CPI las presuntas irregularidades en dicho contrato. Según él, Bolsonaro, fue informado de las mismas, pero jamás cumplió con su promesa de permitir una investigación de la Policía Federal.




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