Empresarios exigen a Chávez que les devuelva propiedades

Hugo Chávez y su principal referente político, Fidel Castro, en su encuentro más reciente. Las políticas socializantes y expropiatorias del presidente venezolano están provocando un agrio enfrentamiento con el empresariado.

Caracas (AFP) - La pugna entre el gobierno de Hugo Chávez y el empresariado de Venezuela se agudizó ayer cuando la principal entidad patronal del país salió a rechazar «contundentemente» las recientes expropiaciones de fincas y plantas industriales y exigió a los poderes públicos la restitución inmediata de las propiedades a sus dueños.

Fedecámaras «rechaza contundentemente la agresión contra la propiedad privada y demás formas legales de régimen de tenencia de la tierra que vienen realizando el Ministerio de Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras (INTI)», dijo un comunicado de la entidad patronal leído ante periodistas por su presidente, José Luis Betancourt.

Betancourt calificó esas medidas como «un atropello al estado de Derecho y a la Constitución», exigió «el cese inmediato» de las intervenciones y «la restitución de propiedades a sus legítimos dueños».

El presidente de Fedecámaras reclamó «a la Asamblea Nacional (parlamento), al Tribunal Supremo, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que se aboquen inmediatamente a la restitución del orden legal y constitucional». También aseguró que las acciones oficiales buscan «debilitar y someter a la empresa privada venezolana».

• Interpretación

«Son acciones que van en línea con la política de control de precios y el aumento indiscriminado de las importaciones del sector público en beneficio de economía foránea y en detrimento directo del trabajador venezolano», aseveró.

Igualmente, Betancourt subrayó que las intervenciones estatales «atentan contra valores y derechos fundamentales como la libertad y la propiedad, a las cuales Fedecámaras jamás renunciará y sí defenderá».

La patronal rechazó igualmente «todo sistema político contrario a los principios contenidos en la Carta Magna: dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada».

A pesar de sus duras críticas, Fedecámaras no quiso cortar completamente los lazos con el gobierno, al declarar su « interés por mantener el diálogo orientado a la necesaria concertación».

Hace tiempo que el gobierno chavista viene expropiando campos y empresas que considera «improductivas», con el fin de entregarlas a cooperativas de trabajadores. La ofensiva más reciente fue la intervención, como paso previo a la expropiación, de silos del grupo empresarial Polar, el mayor del país, y la planta procesadora de tomate de la estadounidense Heinz, argumentando que estaban cerradas o subutilizadas.

• Amparo

Igualmente intervino cuatro haciendas en los estados Apure y Barinas (sudoeste). Una de ellas es la segunda intervenida este año al grupo británico Vestey Ltd, por estar presuntamente improductivas o no demostrar la titularidad de las tierras.

Polar, que asegura tenía sus silos en funcionamiento, pidió al Tribunal Supremo un recurso de amparo contra la medida y ayer los 37 trabajadores de la empresa llamaron al gobierno al cese de la intervención.

«Señor ministro, le solicitamos que ponga fin a la toma arbitraria de la planta Barinas I. La posición asumida por usted pone en riesgo nuestros puestos de trabajo y constituye una amenaza al sustento económico de nuestras familias y de los 250 productores pequeños y medianos con los cuales estamos trabajando», dice el comunicado de los trabajadores.

«Nos estamos dirigiendo a la fiscalía», dijo por su parte Rafael Mitilo, abogado de los dueños de La Marqueseña a la televisora Globovision en una serie de reportajes desde la finca rural.

Mitilo asegura que la hacienda, en la que tienen unas 8.000 reses, es productiva en la parte que puede explotarse, porque unas 3.000 hectáreas del terreno no pueden afectarse debido a que fueron declaradas hace varios años área bajo «régimen de protección especial».