Empresarios rechazan leyes de Chávez por "comunistas"

Directivos de los gremios empresarial y de alimentos venezolanos criticaron hoy por "comunistas" e "inconstitucionales" las 26 leyes decretadas por el presidente Hugo Chávez, con unos poderes especiales que le otorgó el Parlamento.

El presidente de la patronal Fedecámaras, José Manuel González, señaló que "pareciera que llegó el comunismo" a Venezuela con esos decretos-leyes, que afectan las áreas de la producción agrícola, vivienda, propiedad social y la Fuerza Armada Nacional (FAN), entre otras.

González argumentó que el paquete legislativo se traduce en "una confiscación de la propiedad privada", por lo que "difícilmente puede haber inversión" en Venezuela, quinto exportador mundial de crudo.

Después de reiterar que las nuevas leyes obedecen a supuestos "caprichos" del jefe del Estado, González resaltó en rueda de prensa que "solamente depende de los venezolanos que el comunismo que pareciera haber llegado, haya llegado para quedarse o no".

Por ello, resaltó la importancia de que los ciudadanos participen en los comicios regionales y municipales del próximo 23 de noviembre, cuando "masivamente tendremos que salir, todos los venezolanos, a fijar nuestra posición".

La semana pasada, González pidió la derogación de las 26 leyes con el argumento de que aluden a asuntos rechazados expresamente en el referendo popular que en diciembre pasado negó en las urnas una modificación de la Constitución propuesta por Chávez, incluida su reelección.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria de la Alimentación (Cavidea), Pablo Baraybar, señaló que los decretos-ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y de Protección de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios "son inconstitucionales".

En ese sentido, el asesor legal de Cavidea, Ángel Alayón, precisó que la decretada Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria tiene artículos "muy negativos que afectan a los productores".

"Esta ley incrementa la intervención centralizada y la consecuencia directa de ello es un menor nivel de seguridad alimentaria para la población, por eso creemos fundamental que podamos, todos los sectores, discutir estos temas, porque la meta común es incrementar la seguridad alimentaria", dijo Alayón.

Argumentó que, de acuerdo a la nueva norma, producción agrícola responderá "a la planificación centralizada" que elabore el Ejecutivo, lo que se traduce, a su juicio, en una "pérdida de soberanía por parte del consumidor".

El asesor legal de Cavidea agregó que en el marco de la nueva ley, supuestamente "se limita la libertad económica y se crean márgenes de discrecionalidad, "y eso preocupa por lo delicada que es la cadena agroalimentaria".

Chávez ha rechazado las críticas de sectores empresariales y políticos contra el paquete de 26 decretos-leyes, y ha dicho que las mismas son normas que promueven la "inclusión" de las mayorías desfavorecidas del país.

"Esto es para el pueblo, para proteger al pueblo de los afanes de la oligarquía capitalista y financiera", ha dicho Chávez, un férreo detractor del sistema capitalista y promotor del "socialismo del siglo XXI".

Los 26 decretos-leyes forman parte de un conjunto de 65 normas dictadas por Chávez durante los 18 meses de vigencia de los poderes especiales que en enero de 2007 le otorgó la Asamblea Nacional (AN), de 165 miembros, casi todos afectos al oficialismo, según el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález.