En Bolivia ya rige la polémica ley contra la corrupción

Evo Morales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una polémica ley anticorrupción para implementar una "revolución moral y ética" tras un trámite que duró tres años y once meses en el Poder Legislativo.

"Es más sagrada la plata del pueblo que de la familia (...) Llegó la hora de sentar (golpear) la mano a los corruptos", dijo tras promulgar la nueva ley anticorrupción regida por los principios de retroactividad e imprescriptibilidad y denominada "Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", pese a la resistencia de los familiares del líder socialista muerto en el golpe militar de julio de 1980.

La ley pretende combatir la corrupción, el enriquecimiento ilícito y regir la investigación de fortunas. Además, permitirá el juicio en rebeldía, la retroactividad e imprescriptibilidad, así como la confiscación de bienes cuando el juez lo decida. También contempla la "inviolable" protección de la identidad del denunciante.

Asimismo contempla la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción que investigará el enriquecimiento y legitimación de ganancias ilícitas.

El nuevo organismo estará compuesto por delegados de los Ministerios de Gobierno y Transparencia y lucha contra la corrupción, de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, unidades de investigaciones financieras y representantes de la sociedad civil organizada.

Sin embargo, opositores, ex mandatarios y el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, advirtieron que la ley anticorrupción no respeta la presunción de inocencia. Además, criticaron la aplicación del principio de retroactividad e imprescriptibilidad.

El analista político Roger Cortés precisó que "hay contradicciones sustantivas en la nueva ley y no sólo van a existir archivos militares secretos, sino que aspectos fundamentales de la gestión del gobierno se convertirán en archivos secretos".

Cortés dijo una radio local que es escéptico respecto a la nueva ley que tiene el nombre del socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz "con una administración que no da un paso para ubicar dónde están sus restos y cuál ha sido la cadena de engranajes sanguinarios y asesinos que han conducido a Marcelo a su desaparición".

Pero el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, precisó que "la Ley Guillotina o Ley de la Dignidad conducirá a la cárcel a funcionarios públicos que toquen dineros del Estado. Esta ley va a limpiar de la administración pública a funcionarios que no tengan vocación de servicio al país".

Explicó que las penas con la ley anticorrupción serán de cinco a diez años de cárcel a ex autoridades que se hayan enriquecido, y lo propio sucederá con los actuales miembros del Órgano Ejecutivo de Bolivia.

El fiscal Félix Peralta ya inició una investigación sobre el manejo y uso de dinero de la partida "gastos reservados" por ex ministros de Gobierno (Interior) en el período 1995-2005, en base a informe proporcionado por la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.

Los ex ministros de Gobierno Guido Nayar y Guillermo Fortún huyeron de Bolivia pocos días después del inicio de la investigación judicial sobre el uso de unos 1.465 millones de bolivianos (200 millones de dólares) de "gastos reservados" por los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.