España eliminó la "justicia universal" y dejará de actuar en casos foráneos

España eliminó la "justicia universal".

El gobierno español aprobó la eliminación de la justicia universal para que así se cierren casos polémicos, como el del genocidio en Tibet, luego de que China ejerciera una fuerte presión sobre los tribunales del país europeo.

La reforma impedirá que los jueces españoles tengan "jurisdicción universal" sobre casos de derechos humanos en el resto del mundo y limitará su accionar a delitos internacionales siempre que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros con nacionalidad española y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.

El gobernante Partido Popular (PP) impulsó la reforma legislativa, a la que se opuso el resto de partidos, merced a su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

"Existen pruebas de que China presionó a España para que cerrara el caso. En diciembre hubo una visita de parlamentarios chinos al Congreso, donde se reunieron con la comisión de asuntos exteriores del Congreso de los Diputados y pidieron que se cerrara aludiendo al hecho de que China tiene el 20% de la deuda española", dijo el redactor de la querella, José Elías.

"La presión de China ha sido la coartada y el detonante" de la propuesta presentada y aprobada por el PP.

Elías denunció que España "ha obedecido los dictados de una dictadura, donde además se ha sabido que está formada por corruptos que tienen cuentas millonarias en paraísos fiscales".

Por tanto, cuando entre en vigor la ley, dentro de unos meses, el caso del Tibet y otros que se investigan en España bajo el principio de justicia universal, quedarán archivados.

Amnistía Internacional (AI) pidió en una carta a los partidos políticos que rechazaran la ley.

Durante el debate parlamentario todas las fuerzas políticas calificaron de "inconstitucional" la reforma de la ley.

El diputado del PP, José Miguel Castillo, dijo que "España está en la vanguardia en la justicia universal en cuanto a número de instrucciones pero lo habitual es luego el archivo sin enjuiciamiento alguno. Esto y no los conflictos diplomáticos es lo que nos preocupa", dijo en alusión a las presiones de China.

El principal partido de la oposición, el socialista (PSOE), anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y dijo por medio de su portavoz, Soraya Rodríguez, que el gobierno podrá ser denunciado ya que "la modificación de la jurisdicción internacional es algo contrario a los convenios internacionales".

En 2009 una iniciativa del PSOE, entonces en el poder, a la que se unió el PP, limitó la justicia universal de los tribunales españoles a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.

La reforma legislativa se aprobó después de que el juez Ismael Moreno emitiera órdenes de busca y captura internacional contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros cuatro antiguos mandatarios del país acusados de ser los presuntos responsables del genocidio perpetrado en el Tibet en los años 80 y 90.

Las órdenes de detención fueron calificados como una "decisión errónea" por China, que dijo confiar en la "sabiduría y la habilidad" del gobierno español para tratar asuntos como éste.

El sumario que se investiga en España y que está prácticamente concluido se abrió en 2008 a raíz de la querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tibet y un lama tibetano de nacionalidad española.

"Si se archiva la causa las órdenes de busca y captura seguirán abiertas en Interpol por lo que sus países se convertirán en una cárcel y si abandonan el país serán detenidos", dijo Elías.

Frente a la tendencia de otros países europeos y también latinoamericanos como Argentina de ampliar la justicia universal, en España "se están dando pasos hacia atrás", apuntó.

Algo parecido sucedió en Bélgica, cuando se intentó detener a Ariel Sharon y "la presión de Estados Unidos hizo cambiar la justicia universal en Bélgica. Se modificó pero no al extremo que se va a hacer en España".

La nueva ley "es una burla respecto a las víctimas pues se han buscando artificios jurídicos para que haya impunidad de torturados y genocidas".

Incumple además principios internacionales como la Convención de Ginebra, que establece que se pueden investigar los crímenes de guerra con independencia de la nacionalidad de las víctimas, sostiene Elías.

Con la nueva ley no se habrían podido abrir casos como el de los desaparecidos de Chile y Argentina, instruidos por el juez, Baltasar Garzón, quien ordenó la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.

Garzón lamentó que se elimine la jurisdicción universal y criticó la "voracidad" del PP a la hora de "restringir derechos".

En una reciente visita a España, el relator de la ONU Pablo de Greiff afirmó que la nueva ley es contraria a las recomendaciones realizadas por varios organismos de la ONU.