España: más polémica por blanqueo a ilegales

Madrid (AFP, ASN, El Mundo) - El gobierno español regularizará a los inmigrantes ilegales que puedan demostrar un «arraigo laboral» de al menos un año, en el marco de la reglamentación de la polémica ley de extranjería que se aprobó en octubre pasado, anticipó ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

Sectores empresariales y del opositor Partido Popular renovaron sus críticas a la medida, ya que estiman que puede afectar seriamente el mercado laboral.

El titular de la cartera laboral aseguró ante una comisión del Congreso que el reglamento de la norma aprobada en 2003 durante el gobierno de José María Aznar, que tornó mucho más restrictiva la posibilidad de regularizar su situación a inmigrantes indocumentados, contemplará la legalización de extranjeros que demuestren una vinculación laboral por un mínimo de 12 meses. Para ello deberán denunciar a sus empleadores por haberlos hecho trabajar «en negro». Empresarios levantaron la voz de alerta ante la evidente posibilidad de ser objeto de extorsión.

• Consecuencias

De los 2,6 millones de extranjeros que viven en España, más de un millón están en situación irregular, según diversas entidades de inmigrantes, y 70.000 de ellos serían argentinos que migraron principalmente entre 2001 y 2002.

Según informó la prensa local, desde que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciara que se iba a regularizar a los inmigrantes indocumentados que demostraran tener trabajo -recién ayer se especificó que deberá acreditarse un año de actividad y el mecanismo para denunciar a los empleadores-se generaron dos consecuencias. Por un lado, muchos ilegales fueron despedidos aceleradamente antes de que el gobierno avance con la norma y, por el otro, algunas empresas empezaron a cobrar a esos extranjeros a cambio de emitir un certificado que acredite algún tipo de relación laboral.

A fin de agosto, la secretaria de Estado para Inmigración, Consuelo Rumí, indicó que la regulación por arraigo laboral sólo beneficiaría a quienes el gobierno anterior dejó en calidad de «irregulares» y no a los nuevos inmigrantes.

Las regularizaciones «estarán vinculadas al mercado laboral y podrán acogerse sólo las personas que el gobierno del Partido Popular (PP) dejó aquí como irregulares», sostuvo Rumí.

Una vez que el empleado extranjero en « negro» denuncie a su empleador ante el Estado español, éste deberá hacer frente a todas las cargas sociales adeudadas. Si la empresa se atiene a un acuerdo, podrá evitar la multa prevista.