España: polémica liberación del ex miembro de ETA
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De Juana Chaos, que jamás manifestó el menor arrepentimiento, había sido condenado a 3.000 años de cárcel (penas acumuladas) por 25 asesinatos. Pasó poco más de 20 años preso, diez menos que el máximo efectivo previsto por la ley española, gracias a la remisión de condenas.
"Sólo puedo tener una opinión: se tiene que respetar la ley", pero "este individuo, a todos los ciudadanos y, por supuesto, al presidente del gobierno, le genera una sensación perfectamente entendible de desprecio", declaró el viernes el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
En Madrid, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), vinculada a la derecha, manifestó el sábado contra esta liberación y rindió homenaje a las víctimas de ETA colocando 25 ramos de flores en la plaza donde murieron 12 guardias civiles en 1986, en un atentado con coche bomba en el cual participó de Juana Chaos.
Otra manifestación fue organizada en San Sebastián (norte) por el Comité de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite).
En los últimos días, los medios de comunicación españoles lanzaron otra polémica, destacando que el futuro domicilio del ex activista, en San Sebastián, se encuentra a poca distancia de las viviendas de varias víctimas de ETA.
De Juana Chaos realizó dos huelgas de hambre, en 2006 y en 2007, para protestar contra una condena suplementaria a tres años de cárcel --por haber escrito artículos de tono virulento en el diario independentista Gara--, cuando iba a ser liberado.
En marzo de 2007, después de varios meses de ayuno, el gobierno socialista le acordó un régimen de semilibertad por temor a que su eventual deceso en prisión lo convirtiese en un "mártir" de los independentistas vascos. Esa decisión fue violentamente criticada por la derecha.
Después de tres meses de hospitalización en San Sebastián, regresó a la prisión el 6 de junio de 2007, poca horas después de que ETA anunciara el fin oficial de su cese el fuego de marzo de 2006.
Pocos días más tarde, De Juana comenzó una tercera huelga de hambre, esta vez para protestar contra la apertura de una investigacón sobre su patrimonio, destinada a verificar si realmente no puede indemnizar a sus víctimas, por unos 8 millones de euros, tal como le reclama la justicia.
La fiscalía del tribunal antiterrorista español, la Audiencia Nacional, exigó "el embargo preventivo" de un apartamento de su familia adquirido recientemente por su esposa, y lanzó una investigación sobre esta compra.




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