Europa critica a Italia, pero imita mano dura

Silvio Berlusconi

Bruselas (EFE, AFP, ANSA) - Tras más de dos años de discusiones, los países de la Unión Europea (UE) acordaron ayer una nueva legislación con normas comunes más duras para la expulsión de inmigrantes ilegales, paradójicamente un día después de haber criticado la nueva ley italiana que tipifica como delito la inmigración ilegal.

Los 27 miembros del bloque lograron cerrar un texto que no garantiza a los indocumentados el acceso a asistencia legal gratuita en todo el territorio comunitario. El mismo, votado por unanimidad, debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo.

Este proyecto de directiva intenta lograr una equiparación de las normas de detención y repatriación de inmigrantes irregulares que llegaron al territorio de la UE, ya que actualmente hay muchas diferencias entre los países.

Nueve países comunitarios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar detenidos en forma indefinida.

El nuevo texto establece un período de salida voluntaria de siete a treinta días. También fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales para los indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas para obtener la documentación de terceros países.

Los irregulares expulsados afrontarán además una prohibición de volver a entrar legalmente en territorio de la UE durante un máximo de cinco años, aunque ese período puede aumentar si la persona repatriada supone una amenaza grave para la seguridad.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, se oponen a esta legislación y urgieron al pleno de la cámara (cuerpo legislativo del bloque) a que lo rechace. Si se aprueba tal como está prevista, la directiva entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, es decir, en junio de 2010, pero no se aplicaría al Reino Unido, Irlanda o Dinamarca.

El anuncio de Bruselas contrastó con su oposición al nuevo paquete de medidas aprobado por el gobierno de Silvio Berlusconi, que convierte a la inmigración ilegal en delito.

Entre las medidas urgentes que entrarán en vigor inmediatamente en Italia a través del decreto ley figuran el aumento de la pena, en un tercio, a los extranjeros ilegales que cometan crímenes. Se aplicará, igualmente, una medida severa para los extranjeros con condenas firmes a penas superiores a dos años de cárcel, los cuales serán expulsados.

A pesar de las críticas internacionales -que encuentran a España entre sus máximos oponentes-, 58% de los italianos aprueba las normas, que prevén el delito de inmigración clandestina, mientras que para 63% es justo que los extracomunitarios no puedan quedarse más de tres meses en el país, salvo que demuestren tener un trabajo legal, ingresos adecuados y que sean obligados a informar de su propia presencia con nombre y residencia.