Finaliza agresiva campaña a presidente en México
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López Obrador reiteró que los anuncios que le denostan son pagados por los empresarios que no pagan impuestos, por "delincuentes de cuello blanco" que, aseguró, quieren que el tráfico de influencias y los privilegios continúen.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) de López Obrador se concentró en denunciar el supuesto tráfico de influencias y la corrupción que supuestamente rodea a su rival, el candidato del oficialista Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón.
Las redes ciudadanas que apoyan a López Obrador se han movilizado incluso en zonas urbanas de clase media-alta donde el PAN tiene más simpatizantes.
El ex ministro de Fox recibió un duro golpe tras las revelaciones del PRD sobre los beneficios que en esta administración ha obtenido una empresa propiedad de su cuñado, Diego Zavala.
Los ataques del PRD en contra del aspirante del PAN introdujeron un nuevo factor de zozobra: la posibilidad de que el padrón electoral haya sido manipulado, a partir del acceso que presuntamente tuvo la empresa del cuñado de Calderón.
El martes, el Instituto Federal Electoral (IFE) mexicano anunció el inicio de una investigación sobre el presunto uso indebido del padrón, ya que el lunes, desde la página de Internet del candidato del PAN, una periodista pudo acceder a datos personales de los inscritos.
En México, la ley electoral establece que todos los partidos políticos tienen derecho a contar con una copia del padrón sólo para fines informativos.
El IFE reiteró que el posible mal uso del padrón no implica ningún riesgo para la limpieza electoral, debido a que éste sólo es la base general del "listado nominal", el documento que se utiliza en las casillas para identificar a quienes pueden emitir su voto.
A partir del primer minuto de este jueves, según se establece en la ley electoral, las campañas y anuncios partidistas deben cesar, incluyendo los mensajes de la patronal, para dar paso a 72 horas de reflexión previas al día de los comicios.
En el estado sureño de Oaxaca, unos 70.000 profesores continúan amenazando con protagonizar marchas en demanda de mejoras salariales, y para exigir la dimisión del gobernador Ulises Ruiz tras una operación policial que se saldó hace dos semanas con decenas de heridos.




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