Fiscalía española demandó a presidente catalán por consulta soberanista

Mas, querellado por la Fiscalía del Estado español.

La Fiscalía del Estado español dio un paso inédito en democracia al querellar al presidente catalán, Artur Mas, por haber celebrado la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña del pasado 9 de noviembre, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) español.

Con esta decisión se abre un nuevo capítulo en el conflicto entre el Estado español y la región norteña liderada por Artur Mas hacia la secesión.

En la demanda, que fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se acusa Mas, a su vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación catalana, Irene Rigau, de haber cometido presuntos delitos de desobediencia grave a la autoridad, usurpación, prevaricato continuado y malversación de fondos públicos, en relación con la consulta del 9N.

La controvertida decisión de actuar por la vía penal contra un presidente regional por una actuación política que se produjo en democracia no tiene antecedentes en la historia de España.

De prosperar la querella, algo que fue puesto en duda por expertos en derecho penal, Mas y las otras dos dirigentes catalanas deberán afrontar graves penas que oscilan entre la inhabilitación y la cárcel.

La querella, impulsada por el Fiscal General del Estado español, Eduardo Torres Dulce, se presentó recién doce días después de la celebración de la consulta soberanista, debido a una controversia con los fiscales de Cataluña, que se oponían a la decisión por considerar que no había base jurídica suficiente para actuar.

El conflicto, que nunca antes había ocurrido en la esfera judicial, fue interpretado como una consecuencia directa de la politización de la Justicia española tras denunciarse tanto presiones del gobierno catalán de Mas como del central de Mariano Rajoy a los fiscales que se encuentran bajo su esfera de influencia.

Sin embargo, el fiscal General del Estado quiso demostrar que se trataba de un tema netamente jurídico y buscó el aval de la Junta de Fiscales, un órgano consultivo no vinculante donde se debate temas jurídicos y técnicos. El respaldo llegó el miércoles y hoy, finalmente, se presentó la querella.

"Llegar a la Fiscalía e intentar inhabilitar al presidente de la Generalitat para dejarlo fuera del terreno político es la expresión más genuina de la impotencia del Estado español", afirmó Josep Rulll, coordinador de Convergencia i Unió (CiU), el partido de Mas.

Ante la inminente presentación de la querella, el consejero de la presidencia y vocero del gobierno catalán, Francesc Homs, había advertido que España haría el "ridículo internacional", y sería "un grave error", ya que se estaría actuando no contra unas personas concretas sino "contra una forma de hacer de un pueblo entero".

Según Homs, el pueblo de Cataluña no se parará a base de querellas, en referencia al movimiento que existe en la región a favor de la independencia.

"Lo que haga la Fiscalía en el ejercicio de su autonomía yo lo voy a respetar. Es mi obligación como presidente del gobierno, espero que los demás lo hagan también", sostuvo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, desmarcándose de la actuación del fiscal General.