Francia: diputados aprueban polémica ley de inmigración
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El costo le será reembolsado por el Estado francés al candidato si confirma la filiación. Además, se creará una comisión para evaluar cada año las condiciones de aplicación del dispositivo.
La versión original de la enmienda no preveía un período experimental y estipulaba que el candidato a la reagrupación familiar lo pagara de su bolsillo.
La propuesta de test suscitó el rechazo frontal de la oposición de izquierda y asociaciones de derechos humanos y de defensa de los inmigrantes, pero también críticas en el seno mismo de la UMP y por parte de miembros izquierdistas del gobierno conservador.
La secretaria de Estado ante el Ministerio de la Vivienda y de las Ciudades, Fadela Amara, de origen argelino, dijo que estos análisis le duelen «como hija de inmigrantes».
Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores, el socialista Bernard Kouchner, y Martin Hirsch, un activista de izquierda en favor de los sin techo que entró en el gobierno como Alto Comisario para la Solidaridad Activa contra la Pobreza, también criticaron la medida.
El proyecto de ley, el cuartosobre inmigración en cuatro años, había sido defendido el martes ante los diputados por el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, Brice Hortefeux, muy próximo a Sarkozy.
Hortefeux argumentó la necesidad de reducir la « preponderancia» de la inmigración familiar y de aumentar la económica, a tono con la filosofía de la «inmigración elegida» de Sarkozy, y de mejorar la integración de los inmigrantes legales.
En virtud del texto, que ahora pasó al Senado, los candidatos a la reagrupación familiar, menores de 65 años, deberán aprobar en sus países de origen un examen de conocimiento del francés y de los «valores» de la República. Los que lo rechacen «no podrán entrar en Francia», aseguró Hortefeux.
El inmigrante que quiera hacer venir a su familia deberá tener ingresos laborales equivalentes al salario mínimo o superiores. Se crea también un «contrato de integración para la familia», que los padres de niños llegados por medio de la reagrupación familiar deberán firmar y cumplir, so pena de sanciones financieras.
El texto incluye una enmienda polémica, que permite la obtención de datos sobre el origen étnico para poder medir «la diversidad de los orígenes de las personas, de la discriminación y de la integración».
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